Polémico límite al turismo
Con el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat), aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Barcelona con los votos de BComú, PSC y ERC, el equipo de gobierno municipal pretende regular el turismo con los objetivos de poner freno a su crecimiento indiscriminado, lograr la preservación de la vivienda, la garantía de una ciudad con un equilibrio de actividades, velar por la calidad del espacio público y mantener la diversidad de los tejidos urbanos. La manera de intentar conseguir esos loables objetivos, sin embargo, no parece que sea la más adecuada.
Es evidente que la regulación de la actividad turística en Barcelona era necesaria, para evitar que la ciudad pudiera morir de éxito. La normativa aprobada, sin embargo, resulta sumamente restrictiva e intervencionista, hasta el punto que corre el riesgo de perjudicar gravemente al sector turístico y al comercio, que son los más dinámicos y los que mayor empleo y riqueza crean en la ciudad. Una normativa tan importante para la ciudad, para su economía y para sus vecinos, y de tanta trascendencia para su futuro, debería haberse aprobado por consenso entre todos los grupos políticos, al margen de sesgos ideológicos, y con el bien común como principal prioridad.
Otro hecho que supone un mal augurio sobre los efectos económicos y sociales de la normativa aprobada es que se ha sacado adelante con la oposición mayoritaria del conjunto del sector hotelero y comercial. La clave del éxito de Barcelona ha estado siempre en los logros positivos que se han derivado de la colaboración público-privada y este requisito no se ha dado. Es más: se ha producido todo lo contrario, se ha generado una importante inseguridad jurídica y se espera un alud de demandas contra el Ayuntamiento.
La regulación que impone el actual equipo municipal comporta, en gran parte, la limitación del crecimiento turístico de Barcelona en su nivel actual, con lo que frena el desarrollo económico de la ciudad pese al elevado nivel de desempleo que todavía tiene. Habría que exigir a las autoridades municipales que la aplicación del Peuat se flexibilice lo suficiente para no penalizar al sector hotelero y a la actividad turística y que, en cambio, sea contundente en el control de los pisos y apartamentos turísticos, que son los que generan mayores molestias a los vecinos y los que provocan el encarecimiento del precio y de los alquileres de las viviendas, en unos niveles que empiezan a ser insostenibles para muchos ciudadanos.
El equilibrio que necesita Barcelona entre la actividad turística y la vida ciudadana requiere de mayores dosis de sentido común y de diálogo entre todos los sectores afectados para encontrar las mejores soluciones y, en este sentido, el Peuat está lejos de ser la alternativa ideal.