El Gobierno promete a Bruselas una amplia reforma de la ley eléctrica
El Ministerio de Energía negocia con la CE el cierre de varios expedientes
INTERCONEXIONES El Ejecurivo acepta romper el monopolio de REE y Enagás si Francia hace lo propio
El Gobierno español se ha comprometido ante la Comisión Europea a realizar cambios de calado en la ley eléctrica para evitar que sus diferencias sobre la aplicación del tercer paquete energético comunitario acaben en el Tribunal de Justicia de la Unión. El Ejecutivo de Mariano Rajoy está dispuesto a devolver competencias al regulador sobre la fijación de los peajes eléctricos (lo que puede tener una incidencia, indirecta y a medio plazo, en el precio de la luz) y a eliminar con condiciones los monopolios de Red Eléctrica Española (REE) y Enagás, de acuerdo con una carta remitida por el Ministerio de Energía a la Comisión Europea en diciembre, y a la que ha tenido acceso este diario.
La llegada de Álvaro Nadal al Ministerio de Energía ha cambiado por completo las relaciones con Bruselas. Su antecesor, José Manuel Soria, y su hermano gemelo, Alberto Nadal, exsecretario de Estado de Energía, le dejaron sobre la mesa cinco expedientes europeos –en distintas fases y de distinta gravedad– que el nuevo Gobierno se ha propuesto cerrar cuanto antes. Las conversaciones entre los técnicos españoles y el departamento de Energía de la Comisión Europea que dirige Miguel Arias Cañete han fructificado. Bruselas se prepara para dar carpetazo entre febrero y marzo a cuatro casos (ver información adjunta). España se colocará así por debajo de la media europea de infracciones en Energía, pero queda el expediente más sensible.
El pasado 29 de noviembre, el día que cumplía el plazo teórico de dos meses que Bruselas dio al Gobierno para transponer correctamente el tercer paquete de la energía, Arias Cañete viajó a Madrid para reunirse con Nadal y su equipo. Ambos se conocen bien. Aunque ahora se le considera parte del clan de los sorayos, el ministro de Energía entró en política a través de Arias Cañete (trabajó en el equipo de Economía del PP antes de irse a la Moncloa).
La delegación comunitaria detectó una “clara disposición a llegar a una solución”, explican fuentes presentes en la reunión. Pocos días después, el Ministerio de Energía remitió a Bruselas una carta de diez páginas en la que reitera su “voluntad firme de mantener un diálogo constructivo” y llegar a “una solución negociada”, para lo que plantea respuestas a los principales problemas que motivaron el expediente.
Las promesas de Nadal han desactivado por ahora la amenaza de la Comisión Europea (CE) de llevar a España a los tribunales si no resuelve los fallos detectados. El Gobiercastigar
no está dispuesto a “promover modificaciones en la ley del Suministro Eléctrico y la ley de Suministro de Hidrocarburos” sobre el monopolio de REE y Enagás en las interconexiones internacionales con una condición: que también lo hagan los países vecinos. Francia tiene abierto un expediente por el mismo motivo
y Bruselas espera que se resuelva tras las elecciones presidenciales. La autorización de nuevos transportistas y operadores de sistemas energéticos en las interconexiones allanaría el camino para que otras empresas gestionen la red nacional. En esa reforma de la ley, se incluiría también la definición de “cliente mayorista” que pide la CE.
Las competencias del regulador –la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia (CNMC)– han sido el gran punto de conflicto con Bruselas, que reclama mayor capacidad inspectora y sancionadora. La UE movió ficha contra la decisión del gobierno en el 2014 de retirarle las competencias sobre la metodología que fija los peajes eléctricos. Esta partida –que incluye costes de transporte, distribución y subvenciones a renovables, entre otros– supone el 40% del recibo de la luz. La directiva europea pretende evitar que los gobiernos hagan política con él y estipula que debe ser el regulador (y no el Ejecutivo) quien fije la cuantía o la metodología que determina los peajes.
En la carta, el Gobierno propone instaurar “un mecanismo de doble lectura” para que sea el regulador quien lo proponga pero preservando el derecho del Ejecutivo a pronunciarse e incluso rechazarlo. En Francia, es el Parlamento quien ejerce el segundo control. En Alemania, los tribunales. Según fuentes del sector, Nadal pretende que sea el gobierno. El ministerio propone además delimitar de forma “más clara” las competencias del regulador, el ministerio y las comunidades autónomas en materia de inspecciones y sanciones, aunque no precisa en qué dirección. Actualmente, la CNMC puede proponer los operadores pero es el Gobierno quien tiene la última palabra y fija la multa. Nadal también se ofrece a dar las competencias de supervisión de emergencias a la CNMC pero “manteniendo el gobierno sus actuales competencias”.
Los cambios se incluirán en la reforma del regulador que mañana propondrá el ministro de Economía, Luis de Guindos. El acuerdo entre el PP y Ciudadanos prevé desmontar la CNMC –un superregulador multisectorial– para crear por un lado una autoridad de la competencia y, por otro, diferentes reguladores sectoriales. “Difícilmente podrá decir la Comisión que con esos cambios se cumple la directiva. El dictamen enviado es categórico: España infringe sin ambigüedades la normativa”, afirman fuentes del regulador sin ocultar su recelo hacia los tratos entre Nadal y Cañete. En Bruselas agradecen la disposición a llegar a acuerdos. Las propuestas “van en la buena dirección”, afirman fuentes europeas, pero deberán traducirse en hechos para poder cerrar el expediente.