El Gobierno admite el posible cierre de colegios si hay consulta
El Ejecutivo asegura que responderá “con proporción” a los pasos de la Generalitat
El Gobierno de Rajoy asegura que no dejará que se celebre el referéndum que pretende convocar el Ejecutivo catalán y está dispuesto incluso a precintar los colegios si es necesario. Una medida que provocó la indignación del president Puigdemont.
El Gobierno de Mariano Rajoy garantiza que no se celebrará ningún referéndum independentista ni en mayo ni en septiembre y adoptará las medidas necesarias para ello. El Ejecutivo asegura saber lo que tiene que hacer, y no adelantará acontecimientos, aunque deja claro que a cada paso ilegal que se de desde la Generalitat hacia la convocatoria de la consulta, se dará una respuesta “proporcionada”.
El Gobierno no descarta ninguna actuación para impedir la convocatoria y posterior celebración del referéndum, pero espera no tener que llegar a adoptar las medidas más drásticas. Por eso no quieren ni oír hablar de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y confían en no tener que llegar a otras medidas que en esas circunstancias dibujarían una situación muy grave, como podría ser el asumir las competencias de educación para precintar los colegios y que no se puedan poner las urnas. “La democracia no se puede precintar, ni dejaremos que se precinte”, avisó ayer el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Antes de llegar ahí, en el Gobierno central aseguran que existen otros muchas medidas para frenar el referéndum, aunque no le gusta hablar de la existencia de un plan concreto que detalle los pasos a seguir. En una rueda de prensa celebrada por el secretario de Estado de Administraciones Territoriales tras la reunión de la portavoz de C’s en el Parlament, Inés Arrimadas, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, Roberto Bermúdez de Castro fue tajante: “Lo que les puedo garantizar es que el referéndum no se va a celebrar”. De hecho, incluso garantizó con “no se llegará a convocar”.
Según el Gobierno, el Estado tiene “mecanismos suficientes `ara que cada vez que se de un paso fuera de la ley, se actúe para que se restablezca la legalidad y no sea conculcada”. Mecanismos que se soslayaron en 2014 y que ahora sí están sobre la mesa. Las fuentes consultadas subrayan que hay una diferencia muy importante entre la votación del 9-N y las actuales pretensiones de la Generalitat. Entonces, “no fue un referéndum, fue una consulta en la que no fue a votar mucha gente”, según Bermúdez de Castro, y estaba organizada por asociaciones y voluntarios, con lo que era más difícil demostrar la implicación del Govern, que era lo que la hacía ilegal.
Ahora, sería la Generalitat quien convocaría el referéndum y el Gobierno de España tendría que actuar en cada uno de los pasos que se vayan dando, con medidas coercitivas que ya en su día estudió y barajó, pero que en ningún momento Rajoy se planteó aplicar, dado que la convocatoria no era de la administración catalana. En ese momento, el Gobierno llevó la consulta al Tribunal Constitucional, que la declaró inconstitucional y fue cuando se planteó el proceso participativo sin que el Ejecutivo catalán tuviera, por lo menos aparentemente, parte.
Todos los escenarios están estudiados desde entonces y todos los ministerios que tendrían algún papel que jugar en este afán de impedir el referéndum, saben ya lo que tienen que hacer. Desde la Moncloa sostienen que no tardarían más de diez minutos en saber como reaccionar ante cada decisión tomada desde el Palau de la Generalitat. No obstante, dan por hecho que tendrán que insistir al TC con las leyes de desconexión, cuya aprobación se prevé antes del verano. Además, recuerdan, ahora el tribunal tiene más mecanismos para ejecutar sus decisiones.
En el Govern entienden que el Ejecutivo de Rajoy está incrementando la tensión policial y judicial y ratifican que “el diálogo no ha existido nunca”. La posiblidad de intervenir las competencias en educación demuestra, según fuentes del Govern, una voluntad de “coacción” sobre estructuras de autogobierno que no tienen nada que ver con la independencia.
El Gabinete de Rajoy espera no tener que ordenar el precinto de los colegios para impedir el referéndum