El Govern ve difícil la independencia incluso con una consulta pactada
Un informe del IEA constata la complejidad jurídica de aplicar un resultado favorable
Aplicar la independencia resultaría extremadamente complicado incluso en el caso de que fuera el resultado de un referéndum pactado con el Estado español. Esta es la principal conclusión de un informe sobre las características de una eventual consulta de autodeterminación acordada entre la Generalitat y el Gobierno español –Un referèndum acordat sobre la independència de Catalunya: algunes claus jurídiques per a una hipotètica negociació política– que ha elaborado el Institut d’Estudis de l’Autogovern (IEA), dependiente del departamento de Presidència, y al que ha tenido acceso La Vanguardia.
En el estudio, que fue encargado el pasado mes de marzo por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al director del IEA, Carles Viver Pi-Sunyer, se señala que la aplicación jurídica del resultado de un referéndum pactado que fuese favorable a la independencia requeriría una reforma de la Constitución que, llevada a cabo de acuerdo con los mecanismos previstos de los artículos 167 o 168, sería “extremadamente compleja de negociar y de aprobar tanto por los grandes partidos políticos españoles como por la ciudadanía española en conjunto”. Una reforma de la Constitución para reconocer la independencia de Catalunya conllevaría una consulta a todo el pueblo español para ratificarla, que salvo un cambio radical del contexto político difícilmente saldría adelante, ante lo que el informe concluye que “intentar aplicar los resultados del referéndum a través de la reforma explícita de la Constitución podría llevar a un callejón sin salida”.
El IEA, a la vista de esta realidad, plantea como alternativa “negociar con el Estado una vía de reconocimiento informal”, que podría conúltima cretarse en “una declaración del presidente del Gobierno español por televisión” o en “un acuerdo político entre partidos sin formalización jurídica”, a partir del que “podría iniciarse la estrategia del reconocimiento internacional por parte del resto de Estados y organizaciones internacionales”, de manera que “una vez Catalunya se convierta en nuevo sujeto de derecho internacional ya no sería una cuestión objeto de regulación constitucional española”. Es decir, el estudio deja a criterio del acuerdo político la aplicación del resultado del referéndum pactado, al considerar que, en la práctica, es la única vía factible.
Quizás por esta razón el informe, aunque considera que la opción óptima sería atribuir una vinculación jurídica a los resultados de la consulta, reconoce también que, “como opción, podría ser aceptable una vinculación meramente política”, en la medida en que “incluso los resultados de los referéndums meramente consultivos generan deberes y consecuencias jurídicas que afectan a los poderes públicos”. “La fuerza política de los resultados de un referéndum es tan grande que, aunque jurídicamente no se considere vinculante, en la práctica casi siempre acaban teniendo efectos vinculantes”, remacha el IEA.
El estudio, además de la aplicación del resultado, trata las características generales que debería tener un referéndum acordado. En relación a la pregunta, por ejemplo, se inclina por que se refiriera exclusivamente a la independencia de forma directa y binaria, aunque se abre a que pudiera ser múltiple, en este caso con un sistema de segunda vuelta entre las dos opciones más votadas. Sobre la fecha, apuesta por que se celebrase a la mayor brevedad posible. Respecto a los quórumes, defiende no establecerlos ni para la participación ni para validar el resultado, de acuerdo con la doctrina mayoritaria en Europa. Y en referencia al ámbito, aboga por el estrictamente catalán, aunque aceptaría una votación en todo el Estado siempre que el único resultado vinculante fuese el de Catalunya, extremo este que hace unos días puso públicamente sobre la mesa el propio presidente de la Generalitat.
A pesar de las teóricas ventajas de un referéndum pactado sobre uno unilateral, el IEA alerta, en todo caso, sobre la posibilidad de que el acuerdo pudiera ser una estrategia para impedirlo. “Habrá que estar atento a que la estrategia estatal no consista en mostrarse dispuesto a acordar y conceder un referéndum con la estrategia de fondo de que el TC acabe deteniendo la consulta”, que “sería coherente con el relato estatal que pone el acento en la imposibilidad jurídica de convocar un referéndum”, advierte.
El estudio plantea un “reconocimiento informal” con una “declaración de Rajoy por televisión”