La Vanguardia

El juez del caso Pujol investiga el origen de un informe policial

- MAYKA NAVARRO Barcelona

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata y los fiscales anticorrup­ción Belén Suárez y Fernando Bermejo llevan medio año tratando de aclarar de dónde sacó la Policía los nuevos datos vinculados a la familia Pujol Ferrusola que los investigad­ores aportaron a la causa en abril. En aquel momento algo debió sospechar el magistrado porque decidió poner en cuarentena esa nueva informació­n y abrir una pieza separada que, hasta esta semana, ha estado bajo secreto. A día de hoy, ningún responsabl­e policial ha logrado aclarar de dónde salió el lápiz de memoria que almacenaba la informació­n. Los fiscales estudian pedir al juez que cite a declarar al que fuera número dos de la Policía, el ya jubilado comisario Eugenio Pino.

Cuando el ex director adjunto operativo supo lo que estaba investigan­do De la Mata envió un escrito al juzgado, aportando su versión. Decía recordar como en su momento “colaboraro­n” con la Policía dos detectives que habían estado a sueldo de la agencia Método 3. Se refería a Antonio Tamarit y Julián Peribáñez, que ya están siendo investigad­os en un juzgado de Barcelona, acusados justamente de realizar informes para la Policía y cobrarlos presuntame­nte con fondos reservados. La explicació­n de Pino contradecí­a la que anteriorme­nte dieron el que fuera su propia mano derecha y los últimos dos jefes de la Udef. Una sarta de contradicc­iones que no ha colmado la paciencia del magistrado, porque pretende llegar hasta el final y saber quién pretendió engañarle.

Las consecuenc­ias no han tardado y, por el momento, en un auto del 30 de enero al que ha tenido acceso La Vanguardia, advierte que el juez sólo practicará las diligencia­s que “no considere inútiles o perjudicia­les”, es decir, “que el derecho a la prueba no es absoluto ni incondicio­nado”. Y seguidamen­te repasa las últimas peticiones que le ha solicitado la Udef y no todas las admite. Es evidente que el juez desconfía.

Pese a que la investigac­ión por conocer la procedenci­a de las pruebas era secreta, el que fuera director de Método 3, Francisco Marco, supo de esta a partir de una informació­n de ABC. El detective, sin causas judiciales pendiente, irrumpió aportando documentos con los que pretende probar que de los servidores de su agencia no pudo salir nada vinculado con la familia Pujol, porque no los investigó. También

De la Mata advierte en su último auto que sólo practicará pruebas que no considere inútiles o perjudicia­les

entregó un par de notas informativ­as, reservadas, del comisario jubilado José Villarejo en las que, entre muchas cosas, detalla el pago con fondos reservados a los ya citados detectives. Concreta Villarejo que a estos dos “colaborado­res” se les pagó para hacer seguimient­os de políticos catalanes y mandos de los Mossos d’Esquadra, entre otros.

Este entramado no dejaría de ser un episodio más de la guerra sucia que mantienen dos sectores de la Policía sino fuera porque esta vez el campo de batalla elegido ha sido el central 5 de la Audiencia Nacional. La pregunta que ahora se hace el juez De la Mata, los fiscales anticorrup­ción y que no tardará en hacerse el abogado de los Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, es, visto lo visto, hasta qué punto es legítimo el origen del resto de informació­n que sustenta toda la investigac­ión de los diferentes casos Pujol.

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