Las verdades más incómodas del Síndic
La vulnerabilidad social y la pobreza energética, al desnudo
La lacerante realidad de los sintecho motivará un informe monográfico de la institución “La equidad efectiva en el acceso a la enseñanza superior no está garantizada”
El equipo del Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, atendió en el 2016 a un total de 38.261 personas, tramitó más de 18.000 quejas y realizó 281 actuaciones de oficio, la cifra más alta de su historia. Esa labor ingente, complementada con la no menos hercúlea tarea de otros defensores locales, como la Síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, permite radiografiar la realidad y catalana y destapar verdades incómodas.
“Aunque en términos macroeconómicos parece que Catalunya está saliendo de la crisis, muchas familias se hallan todavía en situaciones vulnerables”, dice el informe de la sindicatura relativo al 2016, que Ribó presentó ayer en el Parlament. La vulnerabilidad social, el crecimiento de la pobreza energética, el riesgo de cronificación de la exclusión social y los problemas medioambientales centran la memoria del defensor de los ciudadanos.
El retrato que el documento permite dibujar de Catalunya no es complaciente. Una sociedad ruidosa, “en la que el derecho de los vecinos al descanso y a vivir sin molestias intolerables debería ser el eje de las políticas públicas en el ámbito del ocio y el turismo”. Con una administración de justicia lenta y “poco respetuosa con el catalán”. Que aún no ha saldado las deudas ni reparado las injusticias del franquismo. En la que todavía hoy hay que permanecer ojo avizor ante desastres urbanísticos y ecológicos, y en la que no hay que bajar la guardia contra la violencia sexista y las discriminaciones contra las mujeres. Y con “una preocupante saturación de los servicios de urgencias y listas de espera”.
Los problemas por el recorte de las políticas sociales han supuesto un tercio de las quejas que ha recibido la institución. Llama la atención que las investigaciones sobre el sinhogarismo hayan pasado de 20 en el 2015 a 48 el curso pasado. Esta lacerante realidad (sólo en Barcelona se calcula que hay 3.000 personas sin hogar) ha motivado un informe monográfico que se presentará en el primer trimestre de este año.
También ocasionan muchas reclamaciones las deficiencias de la ley de Dependencia y los retrasos en los pagos a sus beneficiarios, “fruto de una mala práctica administrativa” que causa “indefensión”. Ribó añade que “la falta de normativas, así como la excesiva exigencia de trámites burocráticos impiden el completo ejercicio de los derechos en la mayoría de materias”. El problema es muy preocupante dada la coyuntura económica, a pesar de los llamados brotes verdes.
El paro del 19% de la población activa en España se aleja del 25% al que se llegó en el 2015, pero aún está muy por encima de la media europea. Los datos de Catalunya, afirma el documento, son un poco más benévolos, pero la tasa de desempleo “duplica de sobras la de los países de nuestro entorno”.
Rafael Ribó puede ir de problemas muy concretos, como la presunta estafa denunciada en un geriátrico de Castelldefels, hasta denuncias genéricas, que irritarán al Gobierno central y al catalán, como esta afirmación: en Catalunya, “con las tasas universitarias más altas del Estado”, no está garantizada “la equidad efectiva en el acceso a la enseñanza superior”. El balance del 2016 es especialmente crítico con el dato de que el número de los estudiantes que no pueden asumir el aumento del coste de sus estudios se haya incrementado en los últimos años. El texto valora iniciativas de la Generalitat como las becas Equitat, aunque no han sido suficientes “para atender las necesidades surgidas de la crisis ni para paliar el fuerte impacto de la subida de los precios”. Gaudeamus igitur (“alegrémonos, pues”) se canta en el himno universitario por excelencia.
Y así, uno tras otro, este dictamen que no se casa con nadie repasa las políticas sociales, tributarias y territoriales. Las áreas de consumo, seguridad ciudadana, justicia, educación y transportes, entre otras muchas. A la sede de la sindicatura han llegado quejas de toda Catalunya. La comarca del Solsonès es el farolillo rojo, con sólo cuatro quejas y nueve consultas en el 2016. Como no podía ser menos, dada su densidad demográfica, en lo más alto del podio está el Barcelonès, con 2.743 quejas y 3.623 consultas.
Algunos ciudadanos pueden estar tentados de pensar que las sindicaturas –ya sea la de Catalunya o la de Barcelona– son organismos casi decorativos, que realizan informes más o menos críticos con las instituciones públicas, pero que todas sus denuncias se quedan en un brindis al sol. Nada más lejos de la realidad.
Maria Assumpció Vilà presentará en breve la memoria de la Sindicatura de Barcelona, que revelará la utilidad de este organis- mo supervisor, como hizo ayer su homólogo de la Sindicatura de Catalunya. El defensor de los ciudadanos ha actuado como altavoz de las quejas populares por la falta de inversiones ferroviarias en Catalunya y “las graves deficiencias de la red”, sobre todo en las líneas R3 (l’Hospitalet de Llobregat-Puigcerdà), R12 (l’Hospitalet de Llobregat-Lleida), R15 (estación de França-Riba-roja d’Ebre) y R16 (estación de França-Tortosa y Ulldecona). Ribó también ha censurado la existencia de los pasos a nivel (sólo el de Montcada i Reixac “ha ocasionado más de 160 muertes”) e, incluso, los “deficientes lavabos públicos de muchas estaciones”.
Estas críticas no siempre caen en saco roto. El 16 de mayo una brillante universitaria que debe ir en silla de ruedas, Ángela Hitos Murillo, denunció en las páginas de La Vanguardia una espera infructuosa de más de cuatro horas en Sants, mientras aguardaba la llegada de un tren adaptado que finalmente nunca vino. Renfe no
anunciaba en sus horarios si circularían este tipo de convoyes.
La sindicatura recogió el guante e impulsó una campaña para que se garantizara “la accesibilidad a los ferrocarriles de las personas con la movilidad reducida”. Desgraciadamente, las mejoras no son aún visibles en todas las estaciones, pero la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, de la que dependen cuestiones como la gestión de los horarios y el tráfico ferroviario, ya se ha comprometido a aplicar las reformas.
Entre otras medidas, se pide que por cada línea de Cercanías de Catalunya “circulen un mínimo de dos trenes adaptados por día y trayecto con horario fijo”. Es sólo una batalla ganada para Ángela, pero la guerra no ha acabado todavía. Vive en l’Arboç. La estación está a cinco minutos de su casa, pero como tiene barreras arquitectónicas, se ve obligada a viajar hasta Vilafranca o Vilanova i la Geltrú para que su padre vaya allí en coche y la recoja.