La marcha atrás del Gobierno rumano no aplaca la ira de los manifestantes
Medio millón de personas salen a la calle contra el polémico decreto anticorrupción
El Gobierno de Rumanía derogó ayer el decreto que despenalizaba algunos comportamientos corruptos, pero la embarazosa marcha atrás no fue suficiente para calmar la ira de los manifestantes. Más de medio millón de personas, según Afp, volvieron a protestar ayer en todo el país para exigir la caída del Ejecutivo entre gritos de “ladrones” y “dimisión”. El actual Gobierno apenas lleva un mes en el poder después que los socialdemócratas ganaran las elecciones del pasado 11 de diciembre con un 45% de las papeletas.
“No dimitiré, hemos ganado por millones de votos”, dijo el primer ministro, Sorin Grindeanu, al canal rumano Antena 3. “Hemos decidido dar un paso atrás porque no queremos partir el país en dos. Pero tenemos un programa y queremos tirarlo adelante”.
El primer ministro reunió de urgencia a su gabinete en la mañana del domingo para retirar la impopular medida mientras cientos de miles de personas protestaban en la calle. Poco después el Boletín Oficial publicó la derogación para que entrara en vigor de inmediato. Grindeanu prometió trabajar con la oposición para redactar un nuevo proyecto de ley de consenso, pero los analistas rumanos consideran que las protestas continuarán hasta que el Gobierno asuma algún precio político. De momento el que tiene más números es el ministro de Justicia. “Vamos a tener conversaciones para tomar una decisión sobre Florin Iordache y si mantenerlo o no en su puesto”, dijo a una radio local el líder del partido socialdemócrata, Liviu Dragnea.
El mismo Dragnea es uno del centenar de políticos rumanos que se hubieran visto beneficiados por el decreto anticorrupción del Gobierno, que sólo castigaba con cárcel el abuso de poder si el perjuicio consecuente superaba los 200.000 lei (unos 44.000 euros). La medida hubiese puesto fin al juicio de Dragnea, quien no se pudo presentar a las elecciones por una sentencia de fraude electoral y es visto por muchos como el verdadero poder en la sombra. En la tarde de ayer, Dragnea avisó que si las manifestaciones continúan pese a la retirada del decreto, “quedará claro que se trata de un plan urdido tras las elecciones legislativas” para hacer caer al Gobierno.
“La ley protege una capa de políticos excomunistas que robaron durante años”, dijo el ingeniero informático Dorin Popa a AP. “El orden de la ley está funcionando, por lo que sólo pueden cambiar la ley. Se creen que somos idiotas”.
El primer ministro se plantea destituir al titular de Justicia por la ley que despenalizaba el abuso de poder
Entre los críticos al decreto se encuentra el presidente del país, el liberal Klaus Iohannis, que sólo tiene funciones representativas. Hace dos semanas participó en una manifestación anticorrupción y urgió al Gobierno a dar marcha atrás. Ayer, un pequeño grupo de manifestantes progubernamentales también protestaron ante el palacio presidencial para llamarle traidor.
La influyente Iglesia Ortodoxa Rumana y nueve países occidentales han manifestado preocupación por el decreto. Las protestas, que se alargan desde el pasado martes, están consideradas las mayores desde la caída del régimen comunista de Nicolae Ceausescu en 1989.