Mas se declara “responsable” del 9-N, pero niega la desobediencia
Unas 40.000 personas arropan al expresident, y a Ortega y Rigau, en el inicio del juicio Los acusados rechazan toda voluntad de desoír al Tribunal Constitucional “Muchos nos sentimos juzgados”, dice Puigdemont, y el PP censura el “numerito”
Unas 40.000 personas, según datos de la Guardia Urbana, acompañaron ayer a Artur Mas en el primer día del juicio en el que él, Joana Ortega e Irene Rigau están acusados de prevaricación y desobediencia por la consulta del 9-N.
Una campanilla dirime la actividad de Artur Mas esta semana. Una campanilla en manos del presidente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús Barrientos. Las mismas manos de las que saldrá la sentencia por el juicio del 9-N. El independentismo ha convertido el juicio contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, acusados de desobediencia y prevaricación por organizar un proceso de participación, en una prueba de estrés.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, lo considera el inicio de una cuenta atrás hacia su referéndum (o referéndum) y el Gobierno central ha delegado en los tribunales la primera línea de ataque contra el proceso soberanista. Así que ayer el choque se dirimía en la calle y en la sala del tribunal, donde se conjugó la defensa política de la convocatoria del 9-N, con Mas como “responsable de todo”, con el argumento de que “no hubo ánimo de desobedecer” a la prohibición del Tribunal Constitucional de poner las urnas.
La imagen de un presidente de la Generalitat en el banquillo de los acusados es insólita en democracia y la jornada retomaba la denominación de “histórica”. Decenas de miles de personas arroparon a Mas, Ortega y Rigau desde el Palau de la Generalitat hasta el Palacio de Justicia pasando por el Arc de Triomf. Los acusados se citaron en la sala Torres García del Palau, donde esperaban los miembros del actual Consell Executiu y todos los consellers de los gobiernos de Artur Mas –o casi todos, la excepción fueron Ramon Espadaler y Josep Maria Pelegrí–. El president Puigdemont no sólo ejerció de anfitrión, sino que se puso al frente de la comitiva que acompañó a los acusados hasta las puertas del TSJC: “Muchos nos sentimos juzgados”, proclamó el president, que contrapuso la actitud “noble y leal” de los acusados con un Estado que “comete todo tipo de abusos para perseguir ideas”.
Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras y el resto de los consellers –a excepción de los de Interior y Justícia–, representantes de todos los partidos defensores del referéndum y cientos de alcaldes con sus varas de mando y cargos públicos manifestaron su apoyo. Ada Colau no participó de la foto, pero sí consideró el juicio “ejemplo de la deriva autoritaria” del Estado hacia Catalunya. La socialista Núria Parlon, Pablo Iglesias, Iñigo Errejón o el lehendakari Urkullu lanzaron mensajes cuestionando el juicio.
La movilización ciudadana fue la suficiente como para que la llegada de Mas, Ortega y Rigau se retrasara algo más de media hora y el juicio arrancara con 50 minutos de demora, más o menos la media del día en el servicio de Rodalies. El presidente del tribunal, que había manifestado a los letrados de la defensa su malestar por el retraso amenazando con tomar medidas, arrancó la vista en catalán. Y así le siguieron el fiscal y los abogados. Fue un espejismo porque para resolver las cuestiones previas se impuso la normalidad lingüística del castellano en los tribunales catalanes.
Mas había confesado que lo que le molestaba del juicio era verse en el banquillo de los acusados y lo dejó bien claro al comunicar que ni él ni las exconselleres responderían a las preguntas del fiscal y mucho menos de las acusaciones. Se trataba de
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dejar claro que el proceso venía instado por la Fiscalía General del Estado y “afinado” desde algún ministerio. Respondió exclusivamente a las preguntas de su abogado y, con el fiscal como invitado de piedra, fue el presidente del TSJC quien puso los límites al interrogatorio para evitar, con éxito relativo, que se convirtiera en un “acto político”.
El expresident se hizo responsable de la iniciativa política del 9-N y de todas las directrices que se dieron, pero también sostuvo que “no hubo ánimo de desobedecer” al Constitucional. Se sustituyó la consulta por un proceso participativo y se cedió la iniciativa a los 42.000 voluntarios registrados. La notificación por correo electrónico de la segunda resolución del Alto Tribunal y el hecho de que no se respondiera a la petición de aclaración dio pie a Mas a cumplir con el mandato parlamentario de poner las urnas.
A la misma imprecisión del TC se acogieron Joana Ortega e Irene Rigau. Sin apercibimiento personal –los miembros del actual Govern ya acumulan hasta cuatro notificaciones–, “nunca hubo conciencia de que se cometía un delito”. Ortega diseñó el dispositivo, pero fueron “los voluntarios, los voluntarios y los voluntarios” los encargados de abrir los colegios, de organizar las colas y de registrar los datos de participación. Las urnas, las papeletas, los ordenadores... habían sido encargados, entregados y facturados antes de la suspensión judicial, según Ortega. Rigau negó también coacciones a responsables de centros educativos y recordó que el 9-N hubo más de 1.300 puntos de votación y sólo 556 en institutos. A su “tranquilidad” contribuyó Mariano Rajoy, que repetía por entonces que el 9-N “no era nada”.
El Gobierno censuró desde primera hora el “numerito” de la comitiva ciudadana y el “exceso de teatralización” del soberanismo dejando para la vicepresidenta el recordatorio de que “la primera obligación de los gobernantes es cumplir la ley”. Soraya Sáenz de Santamaría reiteró que al margen del referéndum “hay muchos asuntos en Catalunya a los que es necesario encontrar soluciones” y citó la financiación o las infraestructuras como ámbitos de entendimiento. Pero los procesos judiciales siguen su curso, para mayor incomodidad del Tribunal Constitucional.
La magistrada Adela Asúa recordó que el Alto Tribunal ha marcado las líneas rojas que no se pueden atravesar, pero también “dónde está el espacio amplísimo de la política”. Y “es evidente” que este caso “no tiene sólo solución judicial”. El tribunal ya ha dictado sentencias en este sentido, pero la operación diálogo desplegada por el Gobierno central tras la investidura de Mariano Rajoy encalló antes de echar a andar, aunque la mano siga oficialmente tendida.
Lo que no cambia es la actitud de la UE: “No le corresponde a la Comisión expresar una posición sobre cuestiones de organización interna” de los estados miembros ni sobre “procedimientos judiciales en curso”. Pero el interés internacional es evidente. La BBC, Al Yazira, Le Monde, Le Figaro, The Guardian
o el portal Politico se hicieron eco del juicio, que consideran una plataforma para el independentismo.
Los acusados cambiarán hoy de banco y, a falta de comitiva popular, se han citado diez minutos antes del inicio de la sesión en la puerta del Palacio de Justicia. Es el día del fiscal Ulled y sus testigos. Hasta que vuelva a sonar la campanilla de Barrientos.