Un juicio entre la culpa penal y la responsabilidad política
La vista arranca con los testimonios de Mas, Ortega y Rigau
La sesión inicial del juicio por el 9-N discurrió entre dos orillas: el discurso político y el derecho. Artur Mas asumió ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que “la iniciativa política fue mía”, pero consideró que no había desobedecido al Tribunal Constitucional. Responsable, pero no culpable. Esa es la tesis de la defensa; la de la Fiscalía es que se trata de una única línea y que fue traspasada.
No hubo sorpresas en los testimonios de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, que no contestaron ni a la Fiscalía ni a la acusación popular; sólo a sus letrados. Los tres siguieron el guión que llevaban preparado, como por otra parte era de esperar, si bien la jornada estuvo a punto de vivir un sobresalto. El tribunal había convocado a las nueve de la mañana, hora a la que estaba en su sitio todo el mundo menos los acusados, que se demoraban en el trayecto entre la plaza Sant Jaume y el palacio de justicia. Cuando ya se acercaban los treinta minutos de retraso, el presidente del TSJC, Jesús Barrientos, anunció que si a las 9.30 no estaban, celebraría una vistilla para adoptar medidas cautelares, lo que en lenguaje mundano quiere decir que iba a ordenar que los trajeran. En ese instante llegaron.
Ya desde el primer momento se asomaron las dos orillas. En las cuestiones previas, las defensas volvieron a solicitar que comparecieran el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Estos letrados argumentaban que sus manifestaciones aportaban la visión política del 9-N desde el Estado, pero el fiscal Emilio Sánchez-Ulled enfatizó que allí se juzgaban “hechos concretos y objetivos y si son constitutivos de delito”. El tribunal consideró que su presencia era superflua para la causa.
Una separación entre riberas que volvió a constatarse cuando Artur Mas se acogió a su derecho a no responder a la Fiscalía, y cuando quiso explicar el porqué, Barrientos le cortó, diciendo que sólo le interesaba saber si respondía o no. Márgenes que volvieron a chocar hasta en otras tres ocasiones; en dos Barrientos recordó a Mas que debía responder a cuestiones concretas y en una tercera cuando, en medio de su exposición, el expresident se hizo una interpelación retórica y el presidente del Tribunal le dijo: “Usted está aquí como acusado y no puede hacer preguntas”.
El relato de Artur Mas fue coincidente con el de Ortega y Rigau, con una salvedad: asumió la iniciativa política de la convocatoria y “las directrices” dadas al resto del Govern. Mas dedicó buena parte de su tiempo a un discurso político, casi una intervención parlamentaria, en la que aludió al clamor en la calle, término empleado varias veces, a las resoluciones del Parlament invocando la consulta y a lamentar la falta de diálogo con el Gobierno de la nación.
Pero lo que al final se dirimirá en la sentencia no serán las diferencias políticas, sino si las tres personas que se sentaron en el banquillo conocían que el Tribunal Constitucional había anulado el proceso participativo y si desarrollaron actos contrarios a esta prohibición entre el 4 y el 9 de noviembre. Y aquí apareció el derecho. Los letrados de la defensa sacaron a relucir en sus interrogatorios posibles defectos formales en la notificación a los tres. Mas señaló que el mismo 4 recibió la providencia por mail y dos días más tarde por correo ordinario, pero que la encontraron confusa, pidieron aclaraciones al TC y que estas no se produjeron.
Mas dijo que se encontró entre dos deberes: el mandato parlamentario reiterado y el movimiento en la calle y la decisión del TC, que estimó confusa. Y señaló que el primero era mayor: “Una enorme movilización que un gobernante ha de calibrar” .
Dos riberas: discurso político y derecho. Dos teorías: responsable social pero no penal o, simplemente, culpable.
Mas declaró que se halló entre dos deberes: el TC o la movilización popular y el Parlament