El soberanismo ve en la causa del 9-N un juicio al pueblo de Catalunya
Independentistas y comunes coinciden en que “poner urnas no puede ser delito”
EL PRESIDENT Puigdemont defiende que Catalunya “tiene una democracia más sana” que España LA ALCALDESA Colau denuncia la “deriva autoritaria que está teniendo el Estado español” LA OPOSICIÓN Iceta reparte culpas y habla de “fracaso de dos gobiernos incapaces de dialogar”
El arranque del juicio del 9-N ha permitido a los partidos soberanistas preservar la imagen de unidad que, no sin cierta fragilidad, mantienen en torno a la celebración del referéndum previsto, como máximo, para el mes de septiembre. Pasado reciente y futuro inmediato que se dieron la mano ayer en un presente en el que independentistas y comunes volvieron a cerrar filas en defensa de la democracia y en el que la mayoría coincidieron en que a quien se estaba sentando en realidad en el banquillo, más allá de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, era al pueblo de Catalunya.
Especialmente elocuente en este sentido fue Carles Puigdemont, que en una breve declaración institucional antes de acompañar a los encausados desde el Palau de la Generalitat hasta las inmediaciones del Palacio de Justicia, en el paseo Lluís Companys, consideró que “hoy mucha gente se siente representada por el presidente Mas, la vicepresidenta Ortega y la consellera Rigau”, porque “hoy muchos nos sentimos juzgados”. “Un país capaz de hacer el 9-N tiene una democracia más sana que la de un país que envía al banquillo de los acusados a los dirigentes que lo hicieron posible”, remachó el president, para quien “si la democracia ha de temer siempre cuando se desconecta de los ciudadanos, lo que pasó el 9-N es justamente una cura magnífica contra esta perversión”.
Una defensa de la democracia que asumieron también las formaciones políticas que integran el Govern. “Hoy defendemos la democracia y el derecho a poder votar”, remarcó la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, mientras desde ERC su presidente, Oriol Junqueras, subrayaba que “la democracia nunca debería ser juzgada” y su secretaria general, Marta Rovira, proyectaba la situación hacia el futuro: “Entre todos haremos lo que haga falta para defender las urnas, la democracia, el referéndum y que los ciudadanos decidan dónde y cómo quieren vivir”. Y desde la CUP se articuló igualmente el mismo discurso, porque “hoy no sólo se juzga a tres personas, sino a todo el pueblo de Catalunya”, y porque “la gente nos pide que se haga un referéndum necesario para dirimir de una vez por todas este conflicto político con España”, en palabras de Mireia Boya.
Las confluencias de izquierdas de los comunes configuradas alrededor del proyecto político de Ada Colau mantuvieron, por su parte, una posición prácticamente idéntica. La propia alcaldesa de Barcelona, de hecho, “se acusó” a través de Twitter en apoyo de los encausados, porque “poner urnas no puede ser delito en un Estado democrático”, y en rueda de prensa calificó el juicio del 9-N como “ejemplo de la deriva autoritaria que está teniendo el Estado español respecto a Catalunya”. Y Joan Josep Nuet, de EUiA, no sólo resaltó que “estamos con ellos, porque lo que se hizo el 9-N fue respetar la voluntad del pueblo de Catalunya”, sino que tachó “intolerable” la “criminalización de la política catalana” tanto con el juicio que empezó ayer como con las “acusaciones por decir uno lo que piensa”, en alusión a resoluciones adoptadas por el Parlament y por las que él, como miembro de la Mesa, también está imputado.
A diferencia del bloque soberanista, el PSC intentó situarse en una posición intermedia entre este y las tesis radicalmente contrarias de PP yC’s, y su primer secretario, Miquel Iceta, repartió responsabilidades a ambos lados. “El juicio es la muestra del fracaso de dos gobiernos incapaces de dialogar”, sentenció el líder del PSC, que, de todos modos, les instó a que “dialoguen de verdad y encuentren soluciones”, porque “estamos a tiempo de evitar el choque de trenes”. Un criterio que, dentro del propio partido, Núria Parlon, alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, cuando menos matizó al asegurar que, “pese a los errores del proceso, es un despropósito que juzguen al expresidente de la Generalitat por unas urnas de cartón en una consulta que no ha tenido ninguna consecuencia”.
Fuera de Catalunya, Iñigo Urkullu precisó que vivió la jornada como un “día triste” y dejó claro que situar el debate en los tribunales no resuelve el problema, sino que “lo encona cada vez más”, según escribió en su página de Facebook, informa Joan Rusiñol.