El Gobierno pide coherencia a Mas y le insta a colaborar con la justicia
El PSOE solicita a las autoridades catalanas que respeten la ley y llama al diálogo
Gobierno y el PP emplearon ayer un perfil bajo al analizar los argumentos de Artur Mas y sus ex conselleras en su comparecencia ante el juez por el 9-N. El vicesecretario de comunicación, Pablo Casado, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, echaron mano de argumentario para proclamar “su respeto a los procedimientos judiciales”. Pero también pidieron “a todos”, en un mensaje dirigido a Mas, “respeto y colaboración con la Justicia”.
A pesar de que Gobierno y PP quisieron afrontar las declaraciones ante el juez como si se tratara de un juicio más, el propio Rajoy hizo un seguimiento, junto a la dirección del PP, de lo que ocurría, durante la celebración del comité de dirección en la calle Génova.
Y en esa reunión se marcó la guía argumental del día: máximo respeto a la actuación de la justicia, que vela por el cumplimiento de la legalidad y réplica a lo que consideran una manipulación: intentar que cale que la democracia es poner unas urnas, “cuando la democracia no existiría sin cumplir la ley”.
Con todo ello, la vicepresidenta del Gobierno no quiso entrar en polémicas con las autoridades catalanas, “El Gobierno ni comenta ni participa de la estrategia de defensa de los acusados”, dijo al ser preguntado por los razonamientos de Mas, pero hizo una llamada al diálogo “que no es una operación, sino una convicción”.
Sólo alzaron el tono, tanto el PP como el Gobierno, para hablar de la manifestación que acompañó a los encausados. “La vida de los ciudadanos no se paraliza por los procesos a los gobernantes”, dijo la vicepresidenta, que pidió a Mas coherencia para invocar la ley al defender la manifestación, y no respetarla “cuando le impone obligaciones como gobernante o determinadas consecuencias jurídicas cuando no la cumple”. Pablo Casado fue más allá y habló de “la manifestación de cargos públicos” al referirse a los que acompañaron a Artur Mas.
La portavoz de la ejecutiva de Ciudadanos, Inés Arrimadas, recalcó al presidente catalán, Carles Puigdemont, que en España no se juzga a nadie por sus ideas y le instó a dedicarse a buscar soluciones para los catalanes, en lugar de a “intentar escenificar algo que no tiene futuro”.
Los planteamientos del PP, con estas palabras, fueron parecidos a los que expuso la gestora del PSOE. Su portavoz, Mario Jiménez, subrayó que “con el espectáculo visto hoy nadie gana y todos perdemos”, porque “tan malo y dañino para la democracia es que un expresidente tenga que desfilar por los juzgados por desobedecer al Constitucional, como la convocatoria de ciudadanos a las puertas de un tribunal”. Una situación, subrayó, que responde a “una estrategia de confrontación y enfrentamiento que nada ayuda al proceso de recuperación del diálogo institucional”. Jiménez también hizo hincapié en que el PSOE defiende “que jamás se debe politizar la justicia”, pero que habiendo actuado la justicia, “sólo cabe respetar y acatar sus procedimientos”, porque Mas “no va a los tribunales por sus ideas, sino por desobedecer al Constitucional.
Un discurso radicalmente distinto al Podemos, cuyo secretario general, Pablo Iglesias, calificó de “gravísimo” que se juzgue a Artur Mas “por poner urnas”, cuando “hay niveles de impunidad escandalosos con respecto a los corruptos, sean de CDC o del PP”. Iglesias subrayó que aunque él no tiene “ninguna simpatía por el señor Mas”, cree que el juicio por el 9-N “habla mal del estado de salud de la democracia española”, y lamentó “la dinámica de choque de trenes” al que aparece abocar la situación e insistió en su apuesta por un “referéndum con garantías” y por la necesidad de un Gobierno que “escuche a Catalunya”.
Iglesias cree “gravísimo” que se juzgue a Mas por poner urnas y quede impune la corrupción