Duro alegato de Puigdemont.
El president lanza un duro alegato contra el Estado español por el juicio del 9-N
El presidente de la Generalitat tomó ayer la palabra por sorpresa en el pleno del Parlament para criticar al Estado por el juicio del 9-N. “La democracia española ha enfermado”, dijo.
PETICIÓN DE EXPLICACIONES La oposición hurga en las contradicciones sobre la desobediencia y aprieta por el exjuez Vidal
DIÁLOGO DE SORDOS El jefe del Govern desvela que Rajoy pospone la reunión hasta después del congreso del PP
“La democracia española ha enfermado”, porque “una democracia que envía a juicio a los responsables políticos de una jornada tan edificante y sana como el 9-N, una jornada que crea un profundo y noble sentido de ciudadanía, es una democracia que ha enfermado”. Este es el severo alegato que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, lanzó ayer de forma imprevista desde el Parlament –de acuerdo con la potestad que le concede el reglamento de hacer uso de la palabra siempre que lo desee– en contra de los poderes del Estado por el juicio del 9-N, que calificó una vez más de acto estrictamente político.
El jefe del Govern aprovechó la coincidencia del pleno con la sesión del juicio y la ausencia de la diputada Irene Rigau, una de las encausadas –en el escaño vacío en la bancada de Junts pel Sí fue colocada simbólicamente una pequeña urna de cartón–, para subrayar que el Parlament no podía quedarse al margen de la situación y, probablemente en su intervención más dura desde que ocupa el cargo, arremeter sin reservas contra la baja calidad que, a su entender, tiene la democracia española. Una democracia “de intensidad variable, que se regula a conveniencia de la mayoría que gobierna”, que “tiene un problema estructural que la va deteriorando”, a la que la enfermedad “le viene de lejos”, porque “no hizo limpieza durante la transición y ahora va perdiendo credibilidad en manos de unos poderes que ahora sabemos que siempre han estado ahí”, y que se rige por “la normalidad de la impunidad”, argumentó Carles Puigdemont. “Por eso la democracia española ha enfermado”, sentenció.
El presidente de la Generalitat insistió en denunciar, en este contexto, la “negativa obtusa” del Gobierno español “a dialogar sobre lo que está pasando entre Catalunya y España” y advirtió a Mariano Rajoy de que “si se ve capaz de hacer de interlocutor entre Donald Trump, y todo lo que representa, con America Latina, en Europa, en el Norte de África y en Oriente Medio, debería de ser aún más capaz de ser interlocutor activo con Catalunya”. “Dialoguemos, nosotros que podemos y queremos”, concluyó, y dirigiéndose una vez más a los poderes del Estado se preguntó: “¿Quieren?”. Un diálogo que hasta ahora no ha tenido traducción práctica ni tan siquiera con la entrevista pendiente entre Carles Puigdemont y el presidente del Gobierno español, que, según desveló el propio jefe del Govern en la posterior sesión de control, desde la Moncloa se ha propuesto posponerla hasta después del congreso del PP.
La imprevista intervención del presidente de la Generalitat abrió un turno de palabra que la oposición utilizó para cargar las tintas contra el Govern. Inés Arrimadas (Cs) le afeó que el soberanismo “sólo saque pecho” en el Parlament sobre una posible desobediencia al Tribunal Constitucional, pero no ante el tribunal del juicio del 9-N. El mismo reproche que le dirigió Lluís Rabell (Catalunya Sí que es Pot) al lamentar que los encausados “no acepten las consecuencias de la desobediencia” y su “falta de solidaridad con los que viene detrás”, en alusión a los miembros de la Mesa del Parlament que también están imputados y que no podrán alegar que no desobedecieron por haber sido apercibidos previamente. El caso es que el argumento de la no asunción de la desobediencia esgrimido por Cs y Catalunya Sí que es Pot es el que el martes la CUP había echado en cara a las estrategias de defensa de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, pero ayer, sin embargo, lo obvió y prefirió cerrar filas con Carles Puigdemont y emplazar al espacio de los comunes que representaba Lluís Rabell a desobedecer cuando llegue el momento de la celebración del referéndum sin acuerdo con el Estado.
Miquel Iceta (PSC), por su parte, aún considerando que el juicio del 9-N “es un espectáculo no deseado”, avisó al Govern que “si lo que hace no es legal, no es democrático”, y retó al presidente de la Generalitat a “convocar elecciones y acabar con esta legislatura estéril, si no encuentra alternativa a la desobediencia o a la legalidad”. Y Xavier García Albiol (PP) le acusó de “tener fobia al diálogo”, porque “decir que el Estado español no quiere diálogo es una provocación”. La intención de la oposición, de todos modos, no era centrar el pleno del Parlament en el 9-N, sino en las polémicas afirmaciones del exjuez Santiago Vidal sobre las presuntas irregularidades que habría cometido el Govern en relación al proceso soberanista, y por esta razón Cs, PP y PSC tenían preparada una batería de preguntas e interpelaciones que dirigieron a los consellers, al vicepresidente Oriol Junqueras y al propio presidente de la Generalitat.
El deseo de los tres grupos era conocer si el Govern, por ejemplo, había obtenido datos fiscales de manera ilegal o realizado listas de jueces afectos, a lo que Carles Puigdemont le contestó de forma categórica: “Este Govern no ha obtenido y no obtendrá, mientras yo sea presidente, ningún dato de manera ilegal o ilícita, más claro no se puede decir”.