Rato usó una trama para defraudar 6,8 millones en once años
Hacienda concluye que obtuvo rentas no declaradas de 14 millones de euros
Hacienda ha remitido a los juzgados de Madrid un informe demoledor sobre presuntos fraudes fiscales que atribuye al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) le acusa de haber defraudado por medio de una trama societaria unos 6,8 millones de euros entre los años 2004 y 2015. El informe se compone de varios capítulos, que no dejan nada al descuido. Aparentemente, a Rato se le han levantado todas las alfombras, y puede que alguna otra parte del mobiliario de su despacho y su domicilio. El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional replicó poco después de conocerse dicho documento que “en todo momento ha actuado conforme a las leyes tributarias” y que contestará “puntualmente” a la ONIF para demostrar su inocencia.
Según el informe de dicha Oficina Antifraude –que se extiende a lo largo de 642 páginas-, Rato obtuvo rentas no declaradas superiores a los 14 millones de euros en los citados once años, un periodo en el que habría defraudado los citados 6,8 millones de euros. Los ingresos fueron distintos, según los ejercicios, pero entre el 2011 y el 2014, cuando mayores fueron las ganancias, el exvicepresidente obtuvo alrededor de 1,2 millones de euros anuales. En cuanto a las repercusiones judiciales de estos datos hay que tener en cuenta que los movimientos anteriores al 2009 son irrelevantes fiscalmente,
El exvicepresidente dice que no cometió fraude y que podrá demostrar su inocencia
porque ya han prescrito. Por tanto, las cantidades por las que sí puede haber consecuencias económicas, además de penales, para Rato alcanzan los 5,4 millones de euros supuestamente defraudados. En todos los ejercicios entre el 2011 y el 2015 el presunto fraude fue superior a los 120.000 euros, que es el límite a partir del cual se puede considerar la existencia de delito fiscal.
El informe es exhaustivo y entra en muchos detalles sobre las supuestas maniobras para no satisfacer las cantidades debidas a Hacienda. Se exponen, así, movimientos de dinero a través de las sociedades panameñas Red Rose Limited y Westcastle, la británica Vivaway y la española Kradonara. Todas ellas pudieron ser utilizadas para rentas cuyo beneficiario habría sido Rato. Las sociedades habrían servido “para ocultar la obtención de rentas y la tenencia de un patrimonio financiero” mediante transferencias bancarias internacionales en Luxemburgo, Mónaco, Suiza, el Reino Unido y Gibraltar. La ONIF asegura que “nunca se ha acreditado que dichas rentas hubieran tributado, ni siquiera las de ejercicios prescritos”.
La ONIF explica también los motivos por los que atribuye a Rato un delito de blanqueo de capitales, a raíz de tres operaciones concretas, entre ellas la inversión en un hotel en Berlín inicialmente estimada en 8,4 millones, que posteriormente recalculó en 3,5. También, una inversión de 700.000 euros en un chalet en Cabueñes (Asturias) y otra de 1,19 millones de euros en un hotel en la localidad toledana de Layos.