Los registradores temen que la Hacienda catalana sea un “caos”
El 1 de septiembre la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) asumirá el cobro de los impuestos que liquidan los registradores de la propiedad, profesionales que ayer avisaron que no hay tiempo, ni personal, para hacer el traspaso en condiciones. “Hacerlo como está previsto, sólo puede llevar al desastre”, auguró el decano del Colegio de Registradores de Catalunya, Luís Suárez, que anunció una demanda contra la ATC en el trasfondo de la cual está ganar tiempo. Y también ser escuchados.
Los registradores –que prestan el servicio de cobrar los impuestos de transmisiones patrimoniales, sucesiones y donaciones– presentarán un contencioso administrativo contra la ATC alegando el incumplimiento del convenio: estaba previsto que fuesen despojados de sus funciones cedidas el 30 de octubre –fecha que ya les parecía precipitada– y no dos meses antes como tiene previsto la Generalitat. “Nos parece claramente ilegal”, manifestó Suárez, que incluso manifestó que no hay tiempo suficiente para celebrar los concursos para preparar materialmente las 26 oficinas de la ATC que han de sustituir a sus 53 registros, pero tampoco para cubrir con garantías las plazas de personal que se necesitarán. “La idea es que la noche del 31 de agosto se traspasen todos los documentos de nuestros ordenadores a la ATC”, señaló el decano del órgano colegial. “Pero estamos hablando de 11 millones de documentos que hay en nuestras oficinas. Estamos hablando también de un millón de expedientes vivos”, añadió Suárez que apuntó que el “calendario razonable” para poder hacer todo el proceso sería de 18/24 meses. Un traspaso “sin prisas” para evitar el “caos” que, apuntó, puede producirse, y salvaguardar así los intereses de los contribuyentes, los trabajadores de los registros –que han de nutrir a la ATC– y las arcas públicas. Suárez recordó, además, que cuando el vicepresident Oriol Junqueras anunció hace un año que prescindirían de los registradores –son impuestos cedidos a la Generalitat–, alegó que eso supondría un ahorro de 25 millones de euros. Los cambios en el proyecto, como por ejemplo, pasar de 19 a 26 oficinas, según sus cálculos, harán que finalmente sustituir los registros tenga un coste de 57 millones de euros.
“El nuestro no es un problema de precio, ya que costamos la mitad y recaudamos el doble de lo que prevé el Govern”, manifestó Suárez que apuntó que tienen la sensación de que la Generalitat los considera un “cuerpo extraño” y que la creación de la ATC se está llevando a cabo por criterios más políticos que técnicos. “Catalunya ha de crecer, nosotros podemos formar parte de ese proyecto”, defendió.