El poder adquisitivo de las pensiones
EL progresivo empobrecimiento de los nueve millones y medio de pensionistas españoles en los próximos años es el escenario más probable, en virtud de la legislación actual, si no se toman medidas para evitarlo. Este es el pronóstico, no por esperado menos importante, que ha realizado el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, en su comparecencia ante la comisión parlamentaria del pacto de Toledo que debate y analiza la problemática del sistema de pensiones.
Según ha dicho Escrivá, dadas las previsiones de ingresos y gastos del sistema de la Seguridad Social, lo más probable es que durante los próximos cinco años las pensiones sólo se revaloricen el 0,25% mínimo obligatorio según la ley, con lo que los pensionistas pueden perder más de siete puntos de capacidad de compra, según las actuales previsiones de la inflación futura. Esto cambia radicalmente lo sucedido entre el 2013 y el 2016, periodo en que las pensiones no han perdido poder adquisitivo dado el moderado comportamiento registrado por el índice de precios al consumo (IPC).
Los autores de la ley que acabó con la revalorización automática de las pensiones en función del IPC pretendían garantizar, gracias al importante ahorro que ello supone, la sostenibilidad global del sistema de la Seguridad Social. Pero la cuestión que se plantea es si esta sostenibilidad debe lograrse a través del progresivo descenso del poder de compra de los pensionistas, ya de por sí muy bajo, y condenarlos a una creciente pobreza. La injusticia de esta alternativa es evidente y, por tanto, inaceptable socialmente.
La realidad a la que se enfrenta España es la de un sistema de pensiones público que es insostenible financieramente por sí mismo. No sólo por el insuficiente número de cotizantes, ni por los bajos salarios de los nuevos trabajadores que se incorporan al sistema, sino también por la proyección futura de unas tasas de natalidad cada vez más bajas, con el consiguiente envejecimiento de la población. En este marco no queda otro remedio que plantearse el recurso a los presupuestos generales del Estado para financiar el sistema de Seguridad Social.
El trasvase de las bonificaciones de cotizaciones a los presupuestos generales del Estado, así como el de las pensiones de orfandad y de viudedad, en el marco de la separación de las fuentes de financiación, de forma que la Seguridad Social se hiciera solamente cargo de las pensiones contributivas, son algunas medida de ahorro. Otra medida, aunque del todo impopular, sería alargar la edad de jubilación hasta los 70 años. Pero aun así no se lograría el equilibrio del sistema público de pensiones, que ha entrado ya en un déficit permanente. En el 2016 fue del 1,7% del producto interior bruto (PIB) y este año podría volver a repetirse, en vez del 1,4% previsto por el Gobierno.
El presidente de la AIReF ha planteado diversas alternativas para financiar la Seguridad Social, con la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, como las cuentas nocionales, la emisión de deuda pública, la creación de impuestos especiales o el recurso directo a los presupuestos. A su juicio todas son opciones absolutamente legítimas pero que no están suficientemente bien estudiadas ni bien analizados sus impactos en la actividad económica. Por eso ha pedido profundizar en el estudio de las diversas opciones de financiación para poder tomar la decisión más adecuada.