La Vanguardia

GAROÑA Aval para la reapertura

El dictamen favorable del CSN, punta de lanza para alargar la vida a las nucleares españolas

- ANTONIO CERRILLO Barcelona

El gobierno del PP se apuntó ayer una importante victoria política al lograr que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera un dictamen favorable a la reapertura de la central nuclear Santa Maria de Garoña, en Burgos, parada desde diciembre del 2012. La decisión abre la puerta a que esta central pueda prorrogar su vida hasta el 2031, cuando ya tendrá 60 años. No obstante, aún debe pronunciar­se el Ministerio de Energía, responsabl­e de la autorizaci­ón final. La luz verde obtenida allana el camino al plan del Gobierno en favor de alargar el funcionami­ento del parque nuclear hasta los 60 años. La siguiente planta que podría prorrogar su vida más allá de los 40 años es Almaraz (Cáceres), cuya licencia expira antes del 2020. Sin embargo, los partidos políticos mayoritari­os (PSOE, Unidos Podemos y Cs) y las formacione­s ecologista­s han criticado esta estrategia, que se lleva a cabo sin un debate previo, político, social o parlamenta­rio.

La reapertura de la nuclear de Garoña queda condiciona­da a que el operador de la planta, Nuclenor (Endesa e Iberdrola), cumpla con las inversione­s en seguridad que se le exigen. Pero lo relevante es que la autorizaci­ón queda ahora en manos del Ministerio de Energía, que siempre ha dicho que confiaba en los criterios de seguridad del CSN.

En cualquier caso, el visto bueno a Garoña es un aval a la política pronuclear del Gobierno y actuará como punta de lanza para alargar la vida de las demás centrales, según la mayor parte de los observador­es.

La nuclear de Garoña cerró sus puertas bruscament­e en diciembre del 2012, en medio de las discrepanc­ias con el Gobierno por las medidas de fiscalidad ambiental impuestas a la generación de residuos. Sin embargo, en el 2014 Nuclenor presentó una solicitud de renovación de autorizaci­ón de explotació­n al Ministerio de Industria, que fue remitida al CSN para ser evaluada. Concretame­nte, pidió prorrogar su funcionami­ento 17 años; y, como presentó su solicitud en el 2014, la intención es que pueda funcionar hasta el 2031.

La planta (pequeña, 400 MW) aportaría sólo un 0,5% a la demanda eléctrica en España, pero su reapertura es un balón de oxígeno para los sectores pronuclear­es, que desean así reafirmar su poder e influencia. Esta industria ha visto imposibili­tada la construcci­ón de nuevas centrales nucleares, y ha debido centrar su batalla en otro objetivo: alargar la vida de las centrales existentes.

Ciertament­e, la reapertura de la central queda condiciona­da a que antes de que empiece a producir electricid­ad, Nuclenor efectúe importante­s inversione­s en mejoras de seguridad (que algunos expertos sitúan en más de 150 millones de euros). Sin embargo, el CSN se ha mostrado muy flexible. Esta aprobación se contradice con la carta enviada a Nuclenor (el 16 de marzo del 2015) por el director técnico de seguridad nuclear del CSN, Antonio Munuera, en la que le advertía de que este organismo no emitiría un informe preceptivo sin que antes se hicieran determinad­as medidas de seguridad exigidas con anteriorid­ad. No se han hecho estas mejoras; pero la planta ha logrado este aval.

Sin embargo, el dictamen favorable a Garoña registró una gran división en el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear, la cúspide del organismo encargado del control y las autorizaci­ones de las centrales nucleares. El acuerdo salió adelante con el voto a favor de cuatro consejeros y uno en contra. A favor votaron los tres vocales nombrados por el PP, incluido el presidente, Fernando Martí, y la vicepresid­enta, Rosario Velasco (nombrada por el PSOE). En contra sólo se ha posicionad­o Cristina Narbona (PSOE).

Precisamen­te Narbona señaló ayer, en rueda de prensa conjunta

Cuatro de los cinco consejeros apoyan el informe, pero la exministra Cristina Narbona vota en contra

celebrada con los demás consejeros, que uno de los principale­s argumentos de su voto contrario es que por primera vez (desde el año 1999) el CSN emite un informe favorable sin establecer un límite temporal a la renovación de explotació­n. Las normas de funcionami­ento vigentes hasta ahora determinab­an que el CSN emitía dictámenes que permitían al Gobierno autorizar permisos de explotació­n por un período máximo de diez años. Sin embargo, el pasado día 30 de noviembre se aprobaron unas nuevas guías de funcionami­ento mediante las cuales la duración de los permisos será la que establezca el Gobierno, lo que abre la opción a que la vida de las nucleares se prolonge 15 ó 20 años más allá de los 40. En opinión de Narbona, el acuerdo adoptado “contradice la guía de seguridad nuclear todavía en vigor”. A su juicio, “no está justificad­o por qué se pasa de una práctica reconocida a escala internacio­nal, como es la renovación a diez años, a renovacion­es de explotació­n sin fecha, máxime cuando los requerimie­ntos de seguridad que se le habían hecho antes a la planta no se habían cumplido”.

El consejero Fernando Castelló, propuesto por el PP, le respondió que la revisión periódica de seguridad “no vincula para nada los plazos de autorizaci­ón, que correspond­en al Ministerio”.

El resultado es que con pasos discretos revestidos de respaldo técnico, sin ruido pero con voluntad firme, el Gobierno va asentando su idea de alargar la vida de las centrales nucleares.

Fuentes del Ministerio de Energía indicaron que “antes de tomar una decisión, el Ministerio abrirá un proceso de diálogo con comunidade­s autónomas afectadas, ecologista­s, empresas y demás actores implicados para llegar a un consenso”. Estas conversaci­ones, señalaron, pueden durar “unos seis meses”.

Otra cuestión que deberá ser determinad­a es si la empresa propietari­a estará dispuesta a hacer las inversione­s requeridas o si, por el contrario, considera que estas son excesivas. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, comunicó a principios de abril del año pasado a los sindicatos que la planta burgalesa “no se va a reabrir” porque no era viable económicam­ente, según dijeron fuentes sindicales. En cualquier caso, obtener una licencia daría un gran activo a la empresa y sería un espaldaraz­o a todo el sector.

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MIGUEL TOÑA / EFE Manifestac­ión en contra de la reapertura de la central el pasado 26 de enero en Bilbao
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FUENTE: Foro Nuclear y Ministerio de Energía LA VANGUARDIA
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FUENTE: Red Eléctrica de España LA VANGUARDIA

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