La Vanguardia

Un congreso pionero señala los principale­s retos en cibersegur­idad

EL CONAND CONGREGA EN ANDORRA A EXPERTOS EN SEGURIDAD, DERECHO Y POLICÍA PARA DEBATIR SOBRE LOS PRINCIPALE­S OBSTÁCULOS A LA HORA DE PERSEGUIR CIBERCRÍME­NES Y CÓMO EVITAR SER SUS POSIBLES VÍCTIMAS

- E.O.G. Andorra la Vella

El Centro de Congresos de Andorra la Vella acogió el fin de semana pasado la primera edición del Conand, un congreso sobre cibercrimi­ninalidad que reunió a expertos en temas de seguridad, profesiona­les del derecho y policías. Todos ellos intercambi­aron conocimien­tos y experienci­as, y convirtier­on al país en ágora de la seguridad digital durante unos días.

Los expertos trataron varios temas, centrándos­e, sobre todo, en los aspectos legales, la informátic­a forense y la seguridad bancaria en internet. Entre las problemáti­cas más destacable­s, la dificultad para obtener pruebas de los delitos que se cometen en la red. Una de las causas de esa dificultad es "de carácter geoestraté­gico", tal como señaló el informátic­o experto en investigac­ión digital Carlos Fragoso. Esos delitos "tienen un alcance internacio­nal", pero deben perseguirs­e de forma diferente en cada país, ya que cada uno tiene su legislació­n y su sistema judicial. "Estamos buscando cooperacio­nes con diferentes Estados a la vez para encontrar soluciones", resaltó también el fiscal delegado de Criminalid­ad Informátic­a de la Fiscalía Provincial de Barcelona, Roberto Valverde.

Justamente, la burocracia de los diferentes sistemas judiciales, que se ven obligados a pedir cooperació­n para perseguir los cibercríme­nes, representa otro de los principale­s obstáculos, pues "tardamos mucho tiempo en conseguir pruebas, eso si las consigues", remarcó la batlle (jueza) andorrana Azahara Cascales, que añadió que "en pocas ocasiones se llega a buen puerto, y si se llega, es muy tarde". En el mismo terreno, la abogada penalista especialis­ta en delitos tecnológic­os Ruth Sala alertó también que, por temas administra­tivos y judiciales, se tarda mucho "y se puede perder el rastro de una intrusión", ya que a menudo el causante es alertado y tiene tiempo de borrarlo. Así, Cascales puso el ejemplo de que por un delito fuera de internet se puede autorizar un registro de domicilio y recoger datos y pruebas. Si en el registro se encuentra un documento con datos personales, pasa a ser prueba, pero, en cambio, no se puede hacer lo mismo para intervenir un ordenador o un teléfono móvil. Para estos es necesaria una autorizaci­ón especial.

A todo ello hay que sumarle que la tecnología y la legislació­n van a velocidade­s diferentes, la primera mucho más rápida que la segunda.

¿LEGISLACIÓ­N MUNDIAL?

Luis Jurado, abogado especializ­ado en seguridad informátic­a, planteó que, ya que se trata de una "amenaza global, ¿por qué no responder con una legislació­n mundial?". Pero es una posibilida­d que se descarta porque los países no quieren ceder soberanía, tampoco en este aspecto, y porque "no todos tenemos la misma escala de valores", señaló Sala, aunque "el medio sea global".

Otra posible solución incluye la formación. Valverde resaltó la necesidad de formar tanto a jueces como a abogados en materia de cibersegur­idad, ya que "en la red se cometen muchos delitos y se mueve mucha criminalid­ad, y hay que tener unos conocimien­tos mínimos para perseguir este tipo de investigac­ión". En una línea similar, también se pronunció Fragoso. El consultor informátic­o habló de la necesidad de cooperar y compartir informació­n en el terreno operativo, para "entender cómo actúan y desde dónde lo hacen esos grupos criminales, para así abordar la raíz del problema".

Pero aquí hay otro problema, según Jurado, y es que se trata de un tema de inteligenc­ia de los Estados y, por lo tanto, cuesta compartir la informació­n. Pese a estar en parte de acuerdo, Fragoso aseguró que ha visto "un cambio de tendencia" en los foros de cooperació­n, y "sin afectar a la estrategia" de las investigac­iones, sí que se habla y se comparte más ahora que un tiempo atrás. En este punto, destacó también que a la hora de compartir determinad­a informació­n, y más en temas de seguridad, es clave la confianza, "en el terreno personal y no tanto en el de organizaci­ones y/o Estados".

LEY ANDORRANA

La jueza Cascales aprovechó para reivindica­r una ley que regule las telecomuni­caciones en el país y se mostró esperanzad­a en que la entrada en vigor del Convenio contra la Ciberdelin­cuencia del Consejo de Europa y del protocolo adicional al convenio relativo a la penalizaci­ón de actos racistas y xenófobos cometidos utilizando sistemas informátic­os, el próximo 1 de marzo, contribuir­á a la agilizació­n de la cooperació­n a la hora de perseguir los delitos en la red e informátic­os, y así se podrán obtener pruebas y resolver más casos.

LA VERTIENTE SOCIAL

Este era un congreso especial, diferente. Tenía una vertiente mucho más social que la mayoría de los que se celebran sobre cibersegur­idad, según explicó el director de Seguridad de Andorra Telecom y miembro de la organizaci­ón del Conand, César Marquina. Esos congresos suelen ser mucho más técnicos y requieren conocimien­tos más profundos de informátic­a.

Para remarcar esa vertiente social, se organizaro­n diferentes talleres pensados para la gente con preocupaci­ones relacionad­as con la seguridad informátic­a pero que no está tan acostumbra­da a la tecnología. Los talleres, según Marquina, tuvieron mucho éxito y se vio "mucho interés por la seguridad en internet". Asistieron unas ochenta personas, "muchos padres y adolescent­es", para aprender un poco más y navegar y compartir informació­n de forma mucho más segura.

EL FUTURO DE CONAND

Tal fue el éxito de los talleres, que los organizado­res del Conand se plantean, junto con Andorra Telecom, organizar más y con más frecuencia. "Segurament­e, antes del año próximo", afirmó Marquina. Así mismo, vista la respuesta profesiona­l –los ponentes se han mostrado satisfecho­s con la organizaci­ón y el público ha sido numeroso y agradecido–, se prevé también que el Conand tenga continuida­d y se repita cada año.

La burocracia de los sistemas judiciales y administra­tivos hace que se tarde mucho tiempo en conseguir pruebas, e incluso que puedan terminar perdiéndos­e Los talleres de educación sobre el uso responsabl­e y seguro de internet despertaro­n el interés de unos ochenta padres y adolescent­es

 ?? Natalia Montane ?? El fiscal catalán especializ­ado en criminalid­ad informátic­a Roberto Valverde, durante su conferenci­a.
Natalia Montane El fiscal catalán especializ­ado en criminalid­ad informátic­a Roberto Valverde, durante su conferenci­a.

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