El juez de la trama Púnica pide imputar al presidente de Murcia
La corrupción de Gürtel también lleva a la exministra Ana Mato al banquillo
Los casos de corrupción Gürtel y Púnica vuelven a cercar al PP en la estela del reciente congreso de los populares. En el primer asunto, por la declaración ayer en la Audiencia Nacional de la exministra Ana Mato, como supuesta beneficiaria de las comisiones y regalos de la trama, y por la negativa del representante legal de la dirección popular a contestar a las preguntas de la Fiscalía. Y en el caso Púnica, porque el juez Eloy Velasco envió también ayer una exposición razonada al Supremo en la que plantea la existencia de indicios de criminalidad contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y contra la senadora Pilar Barrero, ambos del PP, entre otras 20 personas que también estima que deben ser investigadas.
El caso de Murcia es hecho principal, por afectar a un presidente autonómico y porque supone la apertura de otra pieza, la tercera, en las investigaciones sobre el caso Púnica. La de mayor entidad sigue afectando a Madrid, donde el consejero de Presidencia Francisco Granados está en prisión desde octubre del 2014. El modus operandi de la Púnica se reproduce ahora en Murcia, sobre la base, como ya ocurriera en Madrid, de contratos amañados para la prestación de servicios de tutela y promoción de la reputación de políticos en las redes sociales y en Internet. En el caso de Murcia, no obstante, hay una precisión importante y es que la Fiscalía no apoya la exposición razonada enviada al Supremo en lo que se refiere al presidente del Gobierno autonómico.
La razón de la falta de respaldo de Anticorrupción a la decisión del juez reside en que los contratos supuestamente amañados para promocionar al presidente de Murcia no llegaron a entrar en vigor. Cuando estalló el caso Púnica en Madrid, se detuvo la preparación de los convenios en Murcia. La diferencia entre el caso del presidente autonómico y la senadora es que en el primer caso, al no formalizarse los contratos, no hubo “perjuicio alguno para las arcas públicas”, dice la Fiscalía.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco considera, en cambio, que hay indicios suficientes para actuar en paralelo contra Pedro Antonio Sánchez y Pilar Barreiro, así como también en contra de el empresario Alejandro de Pedro, uno de los principales implicados en la Púnica, y contra el exconsejero de Industria de Murcia, Juan Carlos Ruiz López; el exal- calde de Molina de Segura Eduardo Contreras, y dos exdirectoras generales de la región, entre otras autoridades y funcionarios de la autonomía.
En el caso del presidente de Murcia, el magistrado sostiene que en el 2014 se habría concertado con empresas de De Pedro para amañar contratos de formación de la Consejería de Educación, de la que era titular, para que le apoyaran y le promocionaran con trabajos en internet. El objetivo era el reforzamiento de su imagen para postularse luego como candidato a la presidencia regional. Por tales tareas, se había convenido el pago de 32.200 euros –4.600 al mes por un periodo total de siete–, pero no llegaron a ejecutarse.
El juez Velasco estima que los hechos pudieron ser constitutivos de los delitos de cohecho, fraude, revelación de información reservada, tráfico de influencias, malversación,
La Púnica ofrecía en Murcia labores para la mejora de la imagen de políticos en internet La Fiscalía no cree implicado al presidente regional porque su contrato no se ejecutó
prevaricación, falsedad y pertenencia a organización criminal. En el caso de Pilar Barreiro, hubo presunto desvío de dinero público para sufragar campañas en su favor cuando era alcaldesa de Cartagena.
En el juicio del caso Gürtel, por otra parte, el representante legal del PP, el exfiscal de la Audiencia Jesús Santos, rehusó contestar a las preguntas de la Fiscalía alegando desconocimiento de los hechos por parte de la dirección de dicho partido. La fiscal, Concepción Sabadell, advirtió a la defensa que ante la negativa a contestar se le puede dar por “confeso”, en el sentido de entenderse que los hechos a los que se refieren las preguntas se reconocen “como ciertos”.
JOSÉ MARÍA BRUNET
LOS HECHOS
LA DISCREPANCIA