El Parlamento rumano aprueba un referéndum sobre la corrupción
El Parlamento rumano aprobó ayer por unanimidad la celebración de un referéndum sobre la lucha contra la corrupción que había propuesto el presidente del país, Klaus Iohannis, después de dos semanas de masivas manifestaciones, sin precedente desde la caída del comunismo, que han obligado al Gobierno a retirar un decreto que suavizaba la legislación.
Corresponde ahora a Iohannis, que pertenece a la oposición conservadora, proponer una fecha y la pregunta concreta que será sometida a las urnas. El jefe de Estado se opuso frontalmente al decreto del Gobierno socialdemócrata, llegado al poder hace sólo un mes, que pretendía imponer un mero castigo administrativo a los casos de abuso de poder inferiores a 44.000 euros. Entre los políticos que iban a beneficiarse de la nueva ley estaba precisamente el líder del Partido Socialdemócrata, Liviu Dragnea, acusado de abuso de poder por valor de 24.000 euros en un juicio por empleos ficticios.
La movilización popular y las críticas de la UE han obligado al primer ministro, Sorin Grindeanu, a derogar el decreto, adoptado de noche y sin consultas a finales de enero. También dimitió el ministro de Justicia.
Tras el anuncio del polémico decreto, el presidente Iohannis dijo que iba a utilizar sus prerrogativas constitucionales para convocar un referéndum. Y ayer el Parlamento, controlado por los socialdemócratas y sus aliados tras su victoria en las elecciones de diciembre, decidió al fin dar su luz verde a la propuesta.
El domingo, 80.000 personas se manifestaron de nuevo en Bucarest y en todo el país por decimocuarto día consecutivo.
El Parlamento aún debe votar para avalar la retirada del decreto gubernamental. Dragnea, que además de líder de los socialdemócratas es el presidente de la Cámara Baja, dijo el viernes que el Parlamento debe aprobarlo lo antes posible.
Rumanía, que entró en la UE en el 2007, ha intensificado su lucha contra la corrupción en los últimos años. En el 2015, 1.250 personas fueron procesadas por acusaciones de corrupción, incluido un primer ministro, cinco ministros y 16 diputados.