El final de la escapada
Cuando en mayo del 2012 Bankia entró en barrena y obligó al Estado a la intervención, el tsunami tuvo una consecuencia inmediata y otra retardada. La primera, el rescate financiero con un préstamo de hasta 100.000 millones de euros. España descendió varios peldaños en la jerarquía de los Estados europeos y acató las duras condiciones que impusieron Bruselas, el BCE y el FMI, en especial la desaparición de las cajas.
Pero la caída de Bankia –y con ella la de Rodrigo Rato, el elegido por Mariano Rajoy para pilotar la insensata fusión de cajas averiadas con el denominador común de su vínculo con el PP– sentó las bases para el cuestionamiento del papel del Banco de España, que gobernaba Miguel Ángel Fernández Ordóñez, durante la crisis financiera. Esto tuvo efectos retardados que ayer emergieron de forma abierta.
En aquellas fechas, la troika impuso una auditoría externa del sector bancario español, poniendo de manifiesto las suspicacias hacia un supervisor que, al arranque de la crisis, había presumido del sistema financiero más solvente del mundo. A raíz de esos análisis externos, la institución de la madrileña plaza Cibeles pasó a tener un papel subordinado en la gestión de la reconversión y saneamiento de los bancos y cajas españoles. El Ministerio de Economía, con Luis de Guindos como responsable, asumió el control. Culminaba así un cuestionamiento profundo de la gestión del supervisor, manifiesto a través de meses de tensión entre ministro y gobernador.
Tanto Guindos como la Comisión Europea consideraron a Fernández Ordóñez y su equipo responsables de realizar un diagnóstico erróneo y de aplicar una estrategia que aplazaba los problemas en lugar de solucionarlos.
La Sala de lo Penal de la Audiencia sostiene que además de los errores de análisis y estrategia, Ordóñez y su equipo de confianza intentaron supuestamente engañar con una salida hacia delante, ocultando la bancarrota de Bankia y maquillando la realidad a la caza del dinero de los inversores. Un asunto de enorme trascendencia para ellos y, sobre todo, los contribuyentes, paganos del engaño. Para la Audiencia, los e-mails de un inspector que anticipó con exactitud el desastre son la principal prueba de cargo. Aunque siempre se podrá pensar que en esa farsa, junto con el Banco de España, participaron más centros de poder.