La “cuestión de Estado”, procesada
La salida a bolsa de Bankia en julio del 2011 permitió captar 3.100 millones, pero un año después fue nacionalizada
LALO AGUSTINA
Barcelona
EL MAL PRESAGIO La operación se salvó gracias a un descuento del 70% y a la fuerte presión del Gobierno
UNA OLA QUE YA ES TSUNAMI Los gestores, Deloitte y, ahora, el Banco de España y la CNMV, se las verán ante el juez
El 20 de julio del 2011 –en plena crisis de la deuda soberana y con las entidades financieras digiriendo todavía el pinchazo de la burbuja inmobiliaria–, Bankia empezó a cotizar en bolsa después de completar una sufridísima ampliación de capital de 3.092 millones de euros. La operación fue un empeño colectivo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y Elena Salgado, presidente y ministra de Economía, respectivamente, y de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España. Y fue supervisada, como toda oferta pública de suscripción (OPS) y venta (OPV), por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor encargado de validar este tipo de procesos para que los inversores cuenten con toda la información antes de tomar sus decisiones libremente.
La salida a bolsa de Bankia era, como se decía en esos momentos, una “cuestión de Estado”. No sólo estaba en juego el futuro de la entidad, sino del sistema financiero del país y la credibilidad de España. En esas circunstancias, la Bankia presidida por Rodrigo Rato, sin historial como grupo –se acababa de crear un año antes por la fusión de las dos grandes cajas controladas por el PP (Caja Madrid y Bancaja) y cinco entidades pequeñas– acudió a los mercados para capitalizarse. Por eso, la operación no podía no salir bien y, al menos inicialmente, salió regular.
Los inversores institucionales no querían convertirse en bankeros –accionistas de Bankia–, no se fiaban de las fortalezas de la entidad, de su capacidad para sanear su cartera crediticia, de su potencial para lograr beneficios y competir. No se creían las cuentas o, más bien, pensaban que había en el mercado muchísimas otras opciones más atractivas para invertir. Pero una salida a bolsa como esta, para que cumpliera con su fin secundario –pero vital– de dar confianza al mundo de que España salía adelante, necesitaba de los inversores institucionales. Y Rodrigo Rato y su equipo aceptaron un descuento del 70% del valor en libros. Pero ni por esas.
Los días previos a la opv fueron frenéticos. El Gobierno descolgó el teléfono y todos los grandes bancos españoles –con la excepción del BBVA, que se negó– aportaron casi 500 millones, mientras que empresas como Gestamp, Iberdrola, Telefónica, ACS, Acciona, Meliá y otras destinaron 300 millones más. Mapfre, aliada preferente del banco en el área de seguros, puso a última hora 280 millones.
La operación, a trancas y barrancas, estaba salvada... y España también. Pero, bajo la superficie, Bankia ya se estaba desmoronando. Menos de diez meses después del debut bursátil, el nuevo Gobierno del PP –que obtuvo mayoría absoluta en diciembre del 2011– obligó a dimitir a Rato y la entidad fue nacionalizada a través de una ampliación de capital de 22.000 millones de euros. Al cabo de pocas semanas, y antes de que finalizara su mandato, Fernández Ordóñez dimitió.
El fiasco de la salida a bolsa de Bankia llegó enseguida a la Audiencia Nacional. La antigua cúpula del banco está imputada, al igual que Deloitte, su auditor de entonces, ya sancionada por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por una falta gravísima. Ahora, le llega el turno al Banco de España y la CNMV. Desde el punto de vista jurídico, no hay precedentes: “Es la primera vez que se ordena investigar la responsabilidad de los funcionarios públicos como encubridores o cooperadores necesarios de delitos económicos no relacionados con la prevaricación o la corrupción”, asegura Jordi Ruiz de Villa, socio de Jausas. Este abogado recuerda como su querella contra Julio Segura, expresidente de la CNMV, por el fraude de las participaciones preferentes de las cajas fue rechazada. Si la instrucción derivara en procesamiento y llegara a producirse una condena, cualquier afectado por la quiebra de Bankia que no haya sido resarcido ya podría pedir la responsabilidad patrimonial del Estado.