Giro trascendente en el caso Bankia
EL juicio por la salida a bolsa de Bankia, cuya crisis ha costado a los españoles 22.400 millones de euros, más de la mitad del rescate bancario recibido de la Unión Europea, no podía sustanciarse sin una investigación de la actuación de los órganos supervisores: el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Por eso ha hecho bien la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en ordenar al juez instructor del caso que cite a declarar como investigados a los responsables de ambas entidades cuando se produjeron los hechos. Es algo que se tenía que haber hecho antes, ya que la instrucción de este caso va por su quinto año.
Parece evidente que cuando se realiza la salida a bolsa de una entidad no viable, como fue el caso de Bankia, la responsabilidad va más lejos de los administradores y de los auditores, aunque estos hubieran amañado presumiblemente los balances, y llega hasta los supervisores del proceso, que fueron los que dieron la luz verde y autorizaron la operación. Así lo ha entendido la Audiencia Nacional.
La justicia deberá determinar ahora si los citados como investigados, que son el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y el expresidente de la CNMV Julio Segura, así como otros altos cargos de ambas instituciones, incurrieron en responsabilidades penales por haber permitido la salida a bolsa de Bankia. El juicio, en este sentido, adquiere una dimensión sin precedentes en la investigación de las crisis bancarias españolas, ya que por primera vez se cuestiona judicialmente el papel desempeñado por los supervisores en lugar de limitarse a los administradores, cuyo principal responsable en este caso es el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato.
En lugar de optar por la nacionalización de entrada del Grupo Bankia, que se creó con la suma de un conjunto de cajas de ahorros en crisis, se optó por un intento de huida hacia delante, con la salida a bolsa de la entidad, que acabó con un enorme fiasco que puso en riesgo al conjunto del sistema financiero español.
CuandoBankia salió a bolsa enel2011p arare capitalizarse declaró unos beneficios de 309 millones de euros cuando en realidad tenía un agujero cercano a los 3.000 millones de euros, lo que se considera una estafa a los inversores que compraron acciones, cuyo valor cayó en picado, sobre la base de una información falsa avalada por el Banco de España y autorizada por la CNMV. Este hecho es lo que hace que la Audiencia Nacional sostenga que, además de los errores de análisis y estrategia sobre la gestión de la crisis bancaria, los supervisores hubieran podido incurrir en indicios de criminalidad por participar, directa o indirectamente, en el engaño a los inversores. En este sentido, enmienda la decisión previa del juez encargado del caso, Fernando Andreu, que se había negado hasta ahora a realizar las citaciones de los supervisores.
La Audiencia Nacional considera razonable y razonada la existencia de múltiples indicios de criminalidad por parte de los supervisores, en cuanto que garantes de la operación, a la vista de nuevas informaciones de los servicios de inspección del Banco de España en los que se advertía que Bankia no era viable. Pese a ello, estima que en la fase actual de la instrucción no cabe hablar aún de delitos concretos y que hay que seguir indagando para poder formular una acusación precisa. En cualquier caso, el giro que ha dado el juicio de Bankia es trascendente y muy importante para aportar más luz a unos hechos que han salido muy caros a todos los españoles, así como para poner en mayor valor la responsabilidad de la actuación de los órganos reguladores de las finanzas españolas.