La Vanguardia

Poder policial

- Fernando Ónega

Personajes intrigante­s que tienen en sus manos secretos de Estado. Escenario inquietant­e, que es el Ministerio del Interior. Papeles que han formado parte de la última teoría de la conspiraci­ón en torno al 11-M y que no aparecen. Informes que, de existir, contienen interpreta­ciones de una historia nunca debidament­e aclarada, como el caso Faisán, y tampoco aparecen. Documentac­ión muy sensible que no se sabe por qué manos ni con qué intención fue elaborada. En otras dependenci­as, un pen drive que desaparece y se oculta al juez y que ahora se encuentra milagrosam­ente en un cajón… El país de los papeles perdidos, decíamos aquí mismo el sábado.

Pero sigan sumando: también hay periodista­s de mucho lustre y mucho fuste (y fusta) en los que desemboca la red misteriosa y difunden contenidos interesado­s de investigac­ión que afectan a las más altas institucio­nes del Estado. Son informador­es usados para una guerra policial a cambio del premio de una exclusiva. Ese es el cuadro cuya punta enseñó el comisario Eugenio Pino, que fue director adjunto operativo, número dos de la Policía, en unas sorprenden­tes declaracio­nes. Y no es el argumento de una película americana de una trama policial. Son acontecimi­entos reales ocurridos en España.

La pregunta es: ¿estamos ante una mafia policial que campó a sus anchas mientras tuvo poder? Esa deducción es fácil, pero exagerada. Se aproxima más el concepto de cloaca, expresión que utiliza Carolina Bescansa. Se trata de un grupo de policías que crearon estructura­s de Inteligenc­ia engañando a sus superiores. En concreto, al director general de la Policía, al secretario de Estado de Seguridad y al ministro del Interior. Les dijeron que hacían trabajos de control de eficacia de los policías y hacían labores de espionaje, en competenci­a con el Centro Nacional de Inteligenc­ia. Les dijeron que trabajaban en casos criminales abiertos y realmente estaban investigan­do a posteriori casos ya juzgados, como el de los atentados del 11-M. ¿Qué buscan unos funcionari­os públicos, policías de alto nivel, investigan­do un caso tan sensible, pero cerrado e incluso debatido en una comisión parlamenta­ria? ¿Y qué pretenden, si lo hacen a espaldas de sus mandos en un ministerio tan jerarquiza­do como Interior?

Todas las apariencia­s llevan a la conclusión de que existe una guerra de comisarios, una policía dentro de la policía, que actuó por su cuenta; que hizo circular informacio­nes de supuesta corrupción atribuidas a la UDEF; que tuvo relación con empresas de detectives como Método 3, y que incluso intentó competir con el CNI. Ahora la cuestión está en saber si fueron ellos también quienes difundiero­n las grabacione­s del ministro Jorge Fernández Díaz para provocar su caída. Jorge Fernández Díaz era su enemigo, como ahora lo es Juan Ignacio Zoido. Ignoro si todo esto define a una mafia. Pero denuncia un clarísimo abuso de poder. De poder policial.

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