‘Okupación’ insegura
Dos estudios técnicos alertan de los problemas estructurales que tiene una finca municipal ‘okupada’ en la calle Hort de la Vila
La reokupación del número 29 de la calle Hort de la Vila está camino de convertirse en un nuevo Can Vies. Las desavenencias entre BComú y el PSC a la hora de resolver esta cuestión y la presencia de la Guardia Urbana para prohibir un acto que los okupas querían celebrar en su interior amenaza la buena sintonía entre los dos socios de gobierno. La finca, de propiedad municipal y catalogada, se encuentra en tan mal estado que pone en riesgo la seguridad de sus ocupantes. Dos estudios arquitectónicos así lo aseguran. Además, existen informes jurídicos del propio Ayuntamiento y de la Oficina de Transparència que prohíben cualquier actividad en su interior. Sin embargo, ayer mismo se celebraba en su interior un taller de bálsamo labial.
La tensión explotó el pasado 3 de febrero cuando los okupas convocaron un acto político, al que estaba invitada la edil de la CUP, Maria Rovira, una reunión que el concejal del distrito de Sarrià-Sant Gervasi, Daniel Mòdol, intentó que no se produjera, y llamó a la Guardia Urbana para evitarla. Hubo momentos de nerviosismo a las puertas de la finca y también en su interior, una situación que ayer se discutió en las comisiones municipales.
El concejal de la CUP, Josep Garganté, preguntó en la comisión de Presidencia, quién había dado la orden de enviar la Guardia Urbana. El teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, que era el concejal del distrito en el momento en el que se produjo la primera ocupación, refirió que fue Daniel Mòdol quien, ante la necesidad de garantizar la estabilidad del edificio y garantizar la seguridad, llamó a la Guardia Urbana para un “cese provisional de la actividad”. “El operativo actuó con proporcionalidad y cuando se vio que no había riesgo se decidió replegar los efectivos. Pisarello defendió haber permitido la okupación cuando él era concejal del distrito en diciembre del 2015, por
la escasez de espacios para jóvenes que tiene la zona. “Preferimos abrir un espacio de diálogo con ellos, porque era una finca que llevaba abandonada desde hacía diez años y es necesario que se convierta en un equipamiento comunitario y discutir su futuro uso”, aseguró.
Las afirmaciones aportadas por el teniente de alcalde no contentaron a ninguna formación. El concejal de CiU Jordi Martí, que visitó el inmueble hace unas semanas, explicó que la finca es “la casa del terror”. Instó al gobierno de BComú a garantizar la seguridad ante todo y defendió la actuación del concejal del distrito. “La Guardia Urbana se marchó cuando había gente en el interior de la finca y ustedes –en re- ferencia a los concejales comunes– desautorizaron a Mòdol y lo pusieron de cara a la pared”, dijo Martí.
La concejal del PP, Ángeles Esteller, cargó duramente contra la CUP por cuestionar la labor de la Guardia Urbana y ser permisiva con la okupación ilegal. Cuestionó que la falta de equipamientos para un colectivo sea motivo suficiente y justificación para okupar una finca. También alertó que, en el interior de la casa, se estaban llevando a cabo obras sin licencia.
Por la tarde, la situación de la casa de Hort de la Vila volvió a discutirse en la comisión de Urbanismo. En este caso, CiU preguntaba quién autorizó el acto del pasado 3 de febrero e hizo un ruego para prohibir el acceso a la finca. En esta ocasión, en ausencia de Mòdol, contestó la edil socialista Montserrat Ballarín, que explicó que el encuentro no se había autorizado y que se intenta dialogar con los jóvenes para clausurar el acceso y que de no fructificar se pedirá “auxilio judicial”. El concejal convergente Jordi Martí criticó que la respuesta no fuera dada por la teniente de alcalde de Urbanismo Janet Sanz, ya que al tratarse de un edificio de titularidad municipal y procedente de un planeamiento urbanístico es de su competencia. De hecho, el informe jurídico señala que la responsable política de este conflicto es la concejal de Urbanismo.
Los jóvenes okupas, que han denominado la finca, en la que vivió el pintor Joaquín Torres García, Ateneu Jove de Sarrià, aseguraron hace pocos días en un comunicado que habían sido engañados por el Ayuntamiento. Se pactó con los jóvenes abandonar el inmueble en época de vacaciones para realizar uno de los informes arquitectónicos y no se les devolvieron las llaves. Por eso, el pasado 28 de enero, volvieron a reokupar la finca y desde entonces acusan a la Guardia Urbana de merodear por la zona.
El pasado mes los consejeros del distrito entraron en el edificio y lo calificaron de “casa del terror”