Seguridad ciudadana, rasgo histórico e identitario más vigente que nunca
ANDORRA ES UN PAÍS MUY SEGURO Y ASÍ LO ACREDITAN LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES. SU PECULIAR OROGRAFÍA Y UNA REALIDAD DEMOGRÁFICA DONDE CONVIVEN VARIAS NACIONALIDADES CONTRIBUYEN A PRESERVAR ESTA CUALIDAD
En 1962, en plena escalada militar y atómica de la Guerra Fría, los cantantes de folk norteamericanos Pete Seeger y Malvina Reynolds popularizaron una canción pacifista que llevaba por título I
Want To Go To Andorra ('Quiero ir a Andorra'), que alababa la larga tradición de paz, neutralidad y desmilitarización del Principado pirenaico. El caso es que los dos cantautores de la canción protesta habían descubierto que Andorra se gastaba al año 4 dólares
con 90 centavos en armamento, y que –al contrario que otros países mayores– era un país seguro.
La proverbial seguridad andorrana era conocida hace 55 años y lo sigue siendo hoy en día, en pleno siglo xxi, cuando todo se mide con estadísticas. La United
Nations Crime Trend Survey ,la estadística mundial sobre criminalidad que publica anualmente la Oficina sobre Drogas y Criminalidad de las Naciones Unidas, evidencia año tras año la baja incidencia de la criminalidad en el país de los Pirineos. Los últimos datos de la estadística de las Naciones Unidas fijan la criminalidad en Andorra en 153,9 personas condenadas por crímenes por cada 100.000 habitantes.
Las comparaciones entre los niveles de seguridad ciudadana de Andorra con países de zonas calientes, como Oriente Medio o Latinoamérica, serían irrisorias. Pero el país de los Pirineos sale bien parado en la comparación con países del entorno europeo: las condenas por crímenes en España llegan a 526,7 por cada 100.000 habitantes, una cifra que se eleva hasta 1.012,7 en el caso de Francia, 928,5 en Alemania o 753,3 en Portugal; todos ellos, países que tienen unos niveles de seguridad ciudadana muy por encima de la media mundial. Andorra resiste incluso la comparativa con otros microestados europeos, como Mónaco, donde la incidencia de la criminalidad llega hasta los 1.997 casos por cada 100.000 habitantes.
MENOS DELITOS, PERO NO MÁS POLICÍA
En el caso de Andorra, además, la prevalencia del orden público y la seguridad ciudadana no es sinónimo de estado policial. De hecho, la tradición policial andorrana es más bien corta: tradicionalmente, la seguridad es-
La criminalidad en Andorra es de 153,9 personas condenadas por crímenes por cada 100.000 habitantes, cifra mucho más baja que la de los países del entorno
taba en manos del somatén, convocado en caso de necesidad por los capitanes de cada parroquia. La Policía, como tal, no se creó hasta 1931, e inicialmente contaba con seis agentes. Ahora, casi nueve décadas después,el número de agentes de Policía en Andorra sigue unos parámetros similares a los del resto de Europa occidental: el Principado cuenta con 313 agentes por cada 100.000 habitantes –de hecho, no llega a los 313, porque su población permanente se sitúa ligeramente por encima de los 70.000 habitantes–, frente a los 384 de España, los 288 de Francia, los 304 de Alemania y los 444 de Portugal.
Tradicionalmente, la seguridad estaba en manos del somatén, convocado por los capitanes de cada parroquia, hasta que se creó la Policía, en 1931
Si el número de policías no es una variable que explique –por sí sola– los buenos niveles de seguridad ciudadana de Andorra, tampoco lo es una legislación penal más severa que la de los países vecinos. El Código Penal andorrano no presenta grandes diferencias con los de los demás países europeos. La legislación es más dura en cuanto al consumo y la posesión para consumo de droga, dos conductas que en España se consideran una falta administrativa, y que en Andorra son delitos tipificados en el Código Penal. Pero esta diferencia es la única remarcable en una legislación criminal que –a grandes rasgos– no ofrece muchas especificidades.
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y REALIDAD SOCIAL
Las causas de los elevados niveles de seguridad ciudadana de Andorra hay que buscarlas –entre otras– en la realidad geográfica y demográfica del país. La reducida dimensión territorial del Principado, unida a una orografía que hace que solo haya dos puntos fronterizos destacables –la frontera hispano-andorrana del río Runer y la frontera franco-andorrana del Pas de la Casa–, contribuye de forma decisiva a su seguridad. Controlar y perseguir a las personas que han cometido delito es notablemente más sencillo en un país de 468 kilómetros cuadrados, donde casi todo el mundo entra y sale por dos puntos muy concretos. Es esta realidad la que permite a la Policía andorrana ejercer un trabajo de proximidad, sobre el territorio, y reforzar los mecanismos de control social propios de las sociedades pequeñas. Las patrullas de la Policía son especialmente activas en las zonas comerciales y de ocio, así como en las inmediaciones de los puntos fronterizos.
Más allá de una situación geográfica privilegiada en cuanto al mantenimiento de la seguridad ciudadana y el orden público, otro factor que ayuda a explicar los buenos resultados de Andorra en materia de criminalidad es su realidad social. Aquellos que –en muchos países europeos– desearían establecer un nexo entre inmigración y criminalidad no encontrarían en Andorra un caso en el que apoyar sus afirmaciones. Más bien al contrario: más de la mitad de la población del Principado es de origen extranjero y en Andorra conviven casi un centenar de nacionalidades.
Aunque es cierto que la realidad geográfica del país permite controlar de forma efectiva la inmigración ilegal –prácticamente inexistente–, también lo es que Andorra se ha dotado, a lo largo de los años, de instrumentos efectivos para garantizar la cohesión social. Entre ellos, dos que cabe destacar: el sistema educativo andorrano se basa en una oferta de tres sistemas públicos de libre elección y gratuitos –el sistema francés, el español y el andorrano–. Más recientemente, Andorra ha establecido el derecho a una renta mínima garantizada, equivalente al salario mínimo –situado en 991,47 euros mensuales–, a la que todo el mundo debe tener derecho. Es decir, todas las personas que con sus recursos no lleguen a unos ingresos mensuales de 991,47 euros tienen derecho a pedir una prestación social hasta llegar a esa cantidad. Es lo que se denomina umbral de cohesión social y que permite evitar que en el Principado se den situaciones de pobreza severa y de exclusión social.