Diez años después
Luis de Guindos, el ministro de Economía, lleva semanas advirtiendo de que durante este año la economía española debe cubrir vencimientos de deuda, pública y privada, de 350.000 millones de euros. La mayor parte, renovaciones de vencimientos de deuda que podrían salir más caras a poco que las cosas se compliquen en el mundo: un sobresalto político electoral en Europa, la presión alemana sobre el Banco Central Europeo para que finiquite su programa de compras de deuda, alguna medida imprevista del presidente Donald Trump... Hay donde escoger.
Si, por cualquiera de esas causas o por otras desconocidas, los tipos de interés subieran, el encarecimiento del coste de esa deuda renovada complicaría mucho las cuentas de la administración pública. Por cada punto de incremento de los tipos, 3.500 millones más de intereses que pagar por el Estado. También más coste para las empresas. Precisamente, ayer la Comisión Europea volvió a poner de manifiesto esta debilidad de la economía española, aunque se ha cuidado bien de eludir su responsabilidad en que el estancamiento inducido por sus políticas de ajuste sincronizado en la eurozona en pleno desplome de la actividad.
Habría sido lógico esperar que a los dirigentes políticos esta situación de potencial riesgo les pillara equipados.Es decir, con una cierta idea de las causas que crearon esas debilidades y las pautas que deberían regir las políticas económicas para evitar que semejante situación se repitiera.
En Estados Unidos, con mejor o peor fortuna, pusieron en marcha ese debate en fecha muy temprana. El hundimiento de Lehman Brothers se produjo en septiembre del 2008, pues en mayo del 2009, Barack Obama puso en marcha la Comisión de Investigación de la crisis financiera (FCIC). Las conclusiones, en medio de grandes tensiones entre demócratas y republicanos, se publicaron en el 2011. Aunque los efectos prácticos fueron limitados, ningún banquero ha sido ni tan solo encausado, y la ley que había de servir para corregir los fallos detectados está ya amenazada de muerte por el actual presidente, no cabe duda de que existió cierta conciencia de que se debía actuar y hacer balance con cierta premura.
El calendario español, en cambio, es bastante más relajado, en gran medida por una desidia compartida por PP y PSOE, los protagonistas desde el Gobierno durante la gran crisis. Si sus señorías cumplen con el calendario acordado, en octubre habrá conclusiones sobre los arcanos de las finanzas españolas (¡y mundiales!) desde al menos el año 2000. Justo diez años después de los primeros síntomas de crisis.
En EE.UU. la comisión de investigación acabó sus trabajos en el 2011; en España lo hará sólo seis años después