Sigue el juicio a las cajas
Después de las ‘black’, el quinto caso desde que estalló la crisis que supone la condena de banqueros, esperan otros procesos
Diez años después del inicio de la crisis se sucede el paso por los juzgados de los responsables de la mala gestión de las cajas de ahorro españolas, que deben hacer frente a penas de cárcel, además de devolver buena parte de las fuertes sumas de dinero sustraídas.
La sentencia por el uso indebido de las tarjetas
black de Caja Madrid y Bankia anunciada el pasado jueves supuso la condena a penas totales de 119 años para 65 consejeros de las citadas entidades, lideradas por los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato, por apropiación indebida de 15 millones de euros. Se trata de la quinta condena a exgestores de cajas de ahorros desde que estalló la crisis, una depuración de responsabilidades que se inició en el 2014 con Caixa Penedès. Ricard Pagès, ex director general de la caja, y tres de sus subordinados evitaron la cárcel después de admitir que había cometido el mismo delito que los exconsejeros de la entidad madrileña para apropiarse indebidamente de 30,6 millones en pensiones.
Pagès, Manuel Troyano, Santiago Abella y Juan Caellas firmaron entonces un pacto que, a la luz de la sentencia de Bankia, parece tan beneficioso para ellos como vergonzante para la fiscalía, ya que solo fueron condenados a dos años de prisión y, por supuesto, no pisaron la cárcel en ningún momento. Al menos devolvieron casi todo el dinero.
Los siguientes directivos juzgados y ya condenados por meter la mano en la caja no tuvieron tanta suerte. Cinco exdirectivos de Novagalicia fueron declarados culpables de apropiación indebida y administración desleal en octubre del 2015 por distraer 22 millones de la entidad, que ya había recibido ayudas públicas, para sus finiquitos y pensiones. El pasado enero, la Audiencia Nacional ordenó su ingreso en prisión pese a que solo habían sido condenados a dos años. En esta
El pasado enero, José Luis Olivas fue condenado a un año y medio de cárcel
decisión pudo pesar el hecho de que solo se hubiera recuperado algo menos de la mitad del dinero y que el Tribunal Supremo había considerado benévola la sentencia de la Audiencia. Por eso, pese a que las condenas son de dos años, se ordenó su ingreso en prisión. Son los primeros banqueros que han dado con sus huesos en la cárcel en esta crisis.
El tercer caso en fallarse fue el de Caja Castilla La Mancha, la primera entidad intervenida por el Banco de España, en marzo del 2009. Siete años después, Juan Pedro Hernández Moltó e Ildefonso Ortega pactaron con la Fiscalía su condena de dos años por falsedad contable y evitaron la pena de privación de libertad.
Justo antes de que llegara la sentencia de las tarjetas black, hace apenas un mes, llegó la que hasta ese momento era la última condena a un directivo de banca. El pasado enero, José Luis Olivas fue condenado a un año y medio de cárcel por falsedad documental y delito contra la Hacienda pública. El también expresidente de la Comunitat Valenciana por el PP no ingresó en prisión, pero su condena podría ser decisiva si vuelva a ser declarado culpable por la salida a bolsa de Bankia.
Este proceso, y el de la comercialización de las preferentes, son dos de los más importantes asuntos que aún tardarán en dilucidarse en los tribunales. Junto a ellos, avanza la instrucción del caso de los sobresueldos en Catalunya Caixa, presuntas actuaciones de fraude y administración desleal en Bancaja y Banco de Valencia y en otras entidades rescatadas, como la CAI, Caja Duero y Caja España, y del expresidente de Kutxabank. Cerca ya de los diez años después del estallido de la crisis, el juicio a los banqueros aún no ha concluido.