José María Ruiz-Mateos
Anticorrupción los acusa de tres delitos por los pagarés de Nueva Rumasa
CORRESPONSABLE DE NUEVA RUMASA
La Fiscalía Anticorrupción pide prisión de 16 años para cada uno de los seis hijos del empresario José María Ruiz-Mateos (en la fotografía uno de ellos, José María). Los acusa de tres delitos por el fraude en los pagarés de Nueva Rumasa.
La aventura de Nueva Rumasa, que prometía rentabilidades de hasta el 12%, acabará en un juicio en el que los principales imputados son seis hijos del ya fallecido José María Ruiz-Mateos. La Fiscalía Anticorrupción pide para cada uno de los hermanos Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz-Mateos 16 años de prisión, por delitos de estafa –por el que solicita nueve años–, blanqueo de capitales –cuatro años– y alzamiento de bienes, tres años. Las siete hijas del empresario, Patricia, Nuria, Almudena, Begoña, Paloma, Rocío y Socorro, están acusadas como partícipes a título lucrativo.
El escrito de acusación de la Fiscalía explica que entre el 2009 y el 2011 los acusados, junto con el patriarca de la familia, José María Ruiz-Mateos, pusieron en marcha un sistema de financiación piramidal del grupo Nueva Rumasa. La estrategia consistía en captar fondos de particulares bajo la forma de préstamos retribuidos con altos intereses, cuya devolución se garantizaba mediante pagarés y otros efectos emitidos y avalados por sociedades del grupo.
El sistema de captación incluía un gran despliegue publicitario. Anticorrupción sostiene que tales anuncios ocultaban siempre a los inversores la verdadera situación económica del grupo empresarial, que ya era incapaz de hacer frente al cumplimiento regular de sus obligaciones.
Nueva Rumasa llegó a captar 337 millones de euros, aportados por 4.100 particulares. Dejaron de devolver 289 millones de euros. La Fiscalía añade que los fondos conseguidos “fueron redirigidos a una caja única en una sucursal del Banco Etcheverría en Madrid, de la que los acusados disponían en función de las necesidades” del grupo, aunque también se sufragaban con este dinero “cuantiosos gastos de índole personal del clan familiar”. El escrito añade que en este momento “se desconoce el destino último de 82 millones de euros que los acusados retiraron en efectivo de las cuentas bancarias”.
Anticorrupción también acusa de un delito de alzamiento de bienes a tres personas más –Ángel de Cabo Sanz, Fernando Juan Lavernia e Iván Manuel Losada– por haber pactado con los hijos de Ruiz-Mateos la compra de sociedades de Nueva Rumasa tras la emisión de pagarés, “con el fin de controlar los concursos de acreedores (...) y salvaguardar en lo posible el patrimonio personal de la familia”. La Fiscalía pide que los acusados indemnicen “conjunta y solidariamente a las personas que figuran como inversores” en los pagarés y otros títulos emitidos por el grupo.
Entre los bienes adquiridos por la familia Ruiz-Mateos hay coches y viviendas. Pero también se destinaron fondos a la sociedad Psicoclinic, dedicada al tratamiento psicológico de problemas como la adicción (con oficinas en Madrid y Jerez de la Frontera).
Entre los inmuebles adquiridos, el escrito detalla que se destinaron más de 30.000 euros a la denominada Casa del Patriciado y otros 190.000 euros a amortizar préstamos. Algo similar sucedió con la finca de Resada, los inmuebles Gentílicos y una vivienda llamada Interestelar.
Fondos destinados a Nueva Rumasa acabaron en la compra de coches, casas y una clínica psiquiátrica