Cierre inminente
Londres aún no ha decidido a partir de qué fecha habrá restricciones migratorias para ciudadanos de la UE
La puesta en marcha del Brexit provocará un cambio radical en la política de fronteras británica, un endurecimiento de las restricciones que afectará especialmente a aquellos ciudadanos europeos que quieran instalarse de forma permanente al otro lado del Canal.
Los cambios no afectarán a los turistas, que podrán seguir entrando con el DNI o el pasaporte electrónico
En el Brexit habrá un antes y un después. El antes significará el derecho a la residencia permanente (versión británica de la green card) y a solicitar ayudas sociales como hasta ahora, y el después será un nuevo régimen todavía por determinar, en el que no todo el mundo podrá establecerse en el Reino Unido, y los afortunados (o desafortunados, según se mire) tendrán un acceso restringido al Estado de bienestar.
La conclusión inevitable es que los españoles (y ciudadanos de los otros 26 miembros de la Unión Europea) que tengan en mente pasar una temporada trabajando bajo la lluvia británica más vale que se pongan las pilas, se líen la manta a la cabeza y compren los billetes de avión. Porque ese antes y ese después dependerán de una fecha de corte aún no decidida y que es objeto de todo tipo de especulaciones.
Existen cuatro posibilidades. La primera es que el Gobierno de Theresa May haga retroactivas las restricciones migratorias al 23 de junio, la fecha del referéndum en el que un 52% de los votantes decidió salir de Europa. Es muy improbable, porque los abogados del Ministerio de Justicia han advertido que podría ser ilegal y dar pie a demandas en los tribunales. La segunda opción –la favorita de la primera ministra según algunas fuentes– es el día de este mes de marzo en que Londres invoque el artículo 50 del tratado de Lisboa y ponga en marcha el reloj de las negociaciones con Bruselas para acordar los términos de la separación. La tercera opción –demasiado remota para los deseos de Downing Street– es cuando concluya ese proceso dentro de dos años (o más si hay prórroga), y se formalice el divorcio.
Pero la fórmula que más visos tiene de hacerse realidad, de acuerdo con quienes tienen acceso a la manera de pensar de May, es una fecha acordada con Bruselas, y que también será la de referencia para establecer los derechos de residencia y trabajo del millón largo de británicos que viven en países de la Unión Europea, especialmente España y Francia. La teoría es que establecer unilateralmente el momento del cambio de régimen migratorio por parte de Londres podría resultar contraproducente, ser interpretado por el resto de los socios como un gesto hostil, y crear aún más animadversión de la ya existente de cara a negociaciones que se perfilan largas y muy complicadas.
Las últimas indicaciones de Downing Street son que esa fecha de corte será una de las cuestiones centrales de las discusiones con Bruselas en cuanto se invoque el artículo 50, junto con la factura que habrá de pagar el Reino Unido en concepto de pensiones de los funcionarios europeos y compromisos presupuestarios adquiridos hasta el 2020. De entrada, la UE va a reclamar unos 60.000 millones de euros, aunque Londres considera “ridícula” esa cantidad y confía en que se quede en menos de la mitad.
May ha prometido un “control de las fronteras” y se dispone a servírselo en bandeja a los votantes, aunque ya ha advertido curándose en salud que los resultados no se notarán de la noche a la mañana, y que al principio parecerá que nada ha cambiado, y que sigue habiendo el mismo número de ciudadanos de la UE haciendo los mismos trabajos (servir cafés en los Starbucks, montar andamios, reparar cañerías, cuidar a los niños y los ancianos, atender a los enfermos en los hospitales, conducir autobuses, recoger fresas y espárragos, especular en la City, dar clases en los colegios...). “Se tardará muchos años en percibir la diferencia”, ha admitido el ministro del Brexit, David Davis.
En cualquier caso, la intención es que el cambio de régimen no afecte para nada a los turistas, que podrán seguir entrando en el país con su DNI o pasaporte electrónico, aunque el Reino Unido ya no esté en la UE, igual que lo hacen los de países como Suiza, Islandia o Noruega. Siempre, claro está, que a los británicos no se les apliquen restricciones a la hora de viajar por el continente europeo. Todo según el principio de reciprocidad.