Mas contrapone la pasividad del Estado el 9-N con su posterior celo judicial
El expresident dice que toda la reacción se produjo ante el éxito de la jornada
JOSÉ MARÍA BRUNET Testigo en el juicio a Homs, Mas afirma que las declaraciones del Gobierno fueron de “desprecio y burla”
Artur Mas, el principal testigo en la segunda jornada del juicio contra Francesc Homs, se aferró ayer a un argumento básico a lo largo de su declaración, el de la pasividad del Gobierno antes e incluso inmediatamente después del 9-N. Para Mas resulta muy sorprendente que “lo que hoy parece un grave delito” no provocara entonces alguna actividad del Gobierno y de diversas instituciones del Estado. El expresident de la Generalitat subrayó que las manifestaciones hechas durante aquellos días por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fueron de “desprecio y burla” en torno a la iniciativa.
Para Artur Mas resulta difícilmente comprensible que ahora se califique de desobediencia grave lo que entonces se consideraba un simulacro de referéndum sin ningún tipo de consecuencia jurídica. El expresident subrayó que tras el 9-N y hasta el siguiente día 25 de noviembre no hubo pronunciamiento jurídico alguno, salvo el de la junta de fiscales de Catalunya, que estimaron que no había motivo para la presentación de una querella por la preparación y desarrollo del proceso participativo. Luego, en cambio, llegó una reacción muy distinta, atribuible al éxito de la jornada y traducida en querella por unos hechos que en su día no provocaron actuaciones “de ningún juez ni de ningún fiscal de guardia”
Este fue el planteamiento general de la declaración de Artur Mas a preguntas de su abogada, Eva Labarta, que ha actuado en el proceso junto al letrado Sergi Blázquez. Labarta se dirigió a Mas como molt honorable. Nadie más utilizó esa fórmula protocolaria en la vista. El fiscal encargado del caso, Jaime Moreno, no efectuó preguntas, en atención al hecho de que el expresident está acusado de los mismos delitos que Homs en otro proceso, el que condujo al reciente juicio oral contra el propio Mas, Ortega y Rigau ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El silencio del fiscal hizo que en la declaración de Mas surgieran menos elementos de contraste entre las partes que en la de Homs el día anterior. Y los había, como luego se puso de manifiesto en las declaraciones de otros testigos, en especial los juristas.
Los interrogatorios de Carles Viver Pi-Sunyer, exvicepresidente del Tribunal Constitucional (TC), y Albert Lamarca, presidente de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, fueron paticularmente vivaces. La defensa quiso llevarles a su terreno y el fiscal también. Labarta interrogaba primero y lograba difíciles equilibrios sobre la inconcreción de la providencia del TC que suspendió la consulta del 9-N o sobre la naturaleza del tipo penal que castiga la desobediencia. El fiscal, a su vez, se afanaba en que lo que la defensa había dejado como sólida argumentación jurídica pareciera un inestable castillo de naipes.
Hasta que el presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, decidió intervenir. Estaba Lamarca glosando una obra del ilustre administrativista García de Enterría sobre el control político de los poderes públicos, tras haber distinguido entre referéndum y proceso participativo, cuando Marchena le interrumpió para pedirle que se ciñera a “los hechos”, y que “no parezca que está disertando una clase a este tribunal”. Lamarca se excusó y la letrada Labarta le rogó precisiones sobre las conversaciones que tuvo con Homs sobre el 9-N. El problema es que el tribunal no quiso que ambos declararan como peritos, sino como testigos. En todo caso, las declaraciones de ambos sirvieron para reforzar la idea de que un proceso participativo es de naturaleza distinta a un referéndum, y la tesis de que la inconcreción de la resolución del TC que suspendía el 9-N pudo causar dudas sobre la existencia de un delito de desobediencia si no se paralizaban todos los preparativos para llevar la convocatoria hasta sus últimas consecuencias.