PP y PSOE consuman el pacto para el nuevo TC
Los aspirantes anuncian sus líneas rojas al soberanismo
El pacto entre PP y PSOE para renovar el Tribunal Constitucional (TC) está cerrado. Desde hace muchos días eran intocables las candidaturas de los dos candidatos propuestos por el PP –Ricardo Enríquez y Alfredo Montoya– y una de las del PSOE, la de María Luisa Balaguer. La segunda plaza que correspondía a los socialistas contaba con dos opciones destacadas, las encarnadas respectivamente por el ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido y por el vicepresidente del Tribunal Supremo (TS) Ángel Juanes. Javier Fernández, presidente de la gestora del PSOE, tomó la decisión de apoyar al segundo a la vista de que el PP lo aceptaba –ver La Vanguardia del pasado 26 de enero– y ante el fuerte respaldo que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba le expresaron hacia esta opción, precisamente por su valoración de la labor desarrollada por Conde-Pumpido en su etapa de fiscal general del Estado.
La renovación del Constitucional, en suma, llegará de la mano de los dos partidos estatales con más experiencia de gobierno, populares y socialistas. La nueva política no accede, de momento al menos, a estas operaciones de Estado. PP y PSOE coinciden en que el TC es una pieza fundamental para asegurar los equilibrios del sistema, sobre todo ante los nuevos conflictos que se prevén en materia territorial y ante el propósito de la Generalitat de convocar un referéndum a lo largo de este año. La renovación corresponde en esta ocasión al Senado, que votará sobre los candidatos propuestos el próximo día 7.
Previamente, entre ayer y anteayer han comparecido los quince aspirantes propuestos por las comunidades autónomas. Pero la realidad es que en esta operación política la Cámara Alta ha
Los candidatos muestran su conformidad con las líneas rojas frente al soberanismo
puesto poco más que los decorados. Los únicos candidatos con opciones eran los cuatro citados, como quedó de manifiesto ayer mismo, al finalizar dichas comparecencias. La Mesa de la comisión de Nombramientos, que escuchó la defensa de todas las candidaturas, anunció que propondrá al pleno del Senado la designación de los ya mencionados. Si PP y PSOE no han querido confirmar antes su acuerdo ha sido precisamente para no convertir dichas comparecencias en trámites aún más devaluados.
Pero todo ello provocó quejas especialmente duras de Podemos y ERC. Ramón Espinar y Mirella Cortès, sus respectivos portavoces, fueron particularmente incisivos en el interrogatorio a los comparecientes. Y la imagen que resulta del próximo Constitucional es la de una plena confirmación de las líneas maestras que ha tenido la institución en su respuesta a los planteamientos del soberanismo.
Cortès preguntó reiteradamente sobre la opinión que les merecía la posibilidad de un referéndum en Catalunya. Y, en conjunto, las respuestas no se apartaron de dicha doctrina. Así, Alfredo Montoya –catedrático de Derecho Laboral que ha contado con el apoyo del actual presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos, para acceder a la institución– manifestó que se remitía a lo previsto en la Constitución y las leyes sobre la cuestión de la consulta. Y sobre la posibilidad de que Catalunya se reconozca como nación, dijo atenerse “al texto constitucional”, de acuerdo con el cual “la nación es la española y las comunidades pueden ser nacionalidades”. Balaguer –catedrática de Derecho Constitucional que llega al TC de la mano de la presidenta andaluza, Susana Díaz– rehusó, en cambio, entrar en estos asuntos, porque podría tener que ocuparse de ellos más adelante y podría quedar “invalidada” para ello, “y no quisiera”.
Conde-Pumpido, a su vez, dijo que le gustaría “que en Catalunya todo el mundo sintiese que tiene máximo nivel de participación ciudadana y política”, pero “tiene que ser siempre dentro del cauce establecido por la Constitución y las leyes”. Finalmente, la opinión de Enríquez –que ya pertenece al TC desde hace casi tres años– es muy conocida, porque ha respaldado con su voto todas las sentencias del Alto Tribunal ante las iniciativas soberanistas.