Homs advierte al Tribunal Supremo que su fallo no parará el referéndum
El fiscal dice que el acusado y la Generalitat plantearon “un pulso al Estado”
El juicio contra Francesc Homs por el 9-N terminó ayer con un largo alegato del exconseller en el que advirtió al Tribunal Supremo (TS) de que su fallo, sea el que sea, “marcará” el futuro de las relaciones Catalunya-España, pero no detendrá la convocatoria de un referéndum para consultar al pueblo catalán a lo largo del presente año. El presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, fue especialmente permisivo, porque lo habitual en el turno de última palabra es que se ofrezca al acusado la oportunidad de añadir hechos o argumentos nuevos a los expresados por su defensa, pero no que se extienda sobre ellos o introduzca otro tipo de valoraciones.
Sin duda, en el Supremo hay plena conciencia de la trascendencia de la vista, y de ahí la permisividad. Así, si la letrada de Homs ya había citado a Lluís Companys y su procesamiento a raíz de los Fets d’Octubre de 1934, el propio Homs utilizó citas de Joan Maragall para concluir su alegato, reivindicando la “nueva patria”. La defensa de Homs, en definitiva, se basó tanto o más en razonamientos políticos y apelación a los sentimientos que en argumentos jurídicos.
En este aspecto hubo un gran contraste entre el informe final del fiscal encargado del caso, Jaime Moreno, por una parte, y las intervenciones de la letrada Labarta y el exconseller Homs, por otra. El informe del fiscal Moreno discurrió muy pegado al terreno, aunque no eludió derivadas políticas, como al concluir que Homs y la Generalitat plantearon “un pulso al Estado”. El fiscal habló de los elementos que configuran los delitos de desobediencia y prevaricación. Dijo con solemnidad que “es un abuso de poder negar el Estado de derecho”, máxime si en esa conducta incurre un gobernante, y que “el derecho penal no puede pararse a las puertas de ninguna institución”. Su tesis fue que la Generalitat en general y Francesc Homs en particular siempre fueron conscientes de que el Tribunal Constitucional había suspendido la consulta del 9-N. Añadió que, a pesar de ello, no pararon ninguno de los preparativos y buscaron ganar tiempo con una petición de aclaración de la resolución suspensiva que no hacía falta alguna, porque la orden del TC había sido muy clara.
Eva Labarta, en cambio, optó por una defensa muy política. Todo su informe se caracterizó por las constantes alusiones al contexto en que se produjeron los hechos. “No podemos –dijo– judicializarlo todo; lo que es político es político”. Añadió que en 1934 hubo un juicio en el propio TS en el que se acusó a Lluís Companys de “deslealtad” hacia la República. El entonces presidente de la Generalitat respondió que en hechos como los que le llevaban allí “los únicos que juzgan son los ciudadanos y la historia”.
La letrada añadió que la Generalitat tenía un mandato del Parlament cuando convocó el 9-N. Luego llegó una providencia del TC para suspender dicha convocatoria, pero en términos que Homs consideró imprecisos, por lo que pidió aclaraciones. Y estas no se produjeron. Por otra parte, el proceso participativo –dijo– era imparable, porque ya estaba en manos de 42.000 voluntarios. Además, el abogado del Estado había pedido al Constitucional que notificara directamente la suspensión al Govern, no a través de un correo electrónico, sino de un escrito personal, y que se advirtiera a sus miembros de la posible comisión de un delito de desobediencia. Pero el TC no usó esas vías y el requerimiento personal no existió. Todo ello fundamentó –dijo Labarta– las dudas de la Generalitat, que el TC no resolvió.
La abogada Labarta invoca en la vista el proceso a Companys por los Fets d’Octubre de 1934