Como los de verdad
La CUP exige una ley específica que regule el referéndum, y que se adapte a las convenciones internacionales.
Los cuperos quieren separar la consulta de la ley de transitoriedad y así atraer a los comunes
“Hay determinados debates sobre los cuales no siempre tenemos una posición común con Junts pel Sí y el Govern”. Es de dominio público que existen discrepancias entre Junts pel Sí y la CUP. Lo que es complicado es discernir hasta qué punto. Ayer, los cuperos hicieron público un documento enviado a la militancia que puso al descubierto un nuevo punto de disyunción: la CUP se desmarca de la coalición liderada por PDECat y ERC y reclama que el referéndum sea regulado en una ley específica y separada de la ley de Régimen Jurídico, conocida como ley de transitoriedad jurídica.
Los anticapitalistas consideran que así el referéndum se adaptaría a las convenciones internacionales y que sería la única opción para maximizar la votación. Es la mínima opción que ven los cuperos para persuadir al entorno de los comunes de Ada Colau y Xavier Domènech. La CUP propone, por una parte, una ley, la de transitoriedad, que permanecería “latente hasta el momento de haber ganado el referéndum”; por otro lado, otra ley, la del referéndum, que “permitiría convocarlo”. “Es más estratégico de cara a intentar sumar más apoyos”, justifican los cuperos.
En la CUP tienen claro que el camino para culminar el proceso catalán no será fácil y rechazan el “discurso mágico” que, según explican en el informe, enarbolan desde Junts pel Sí de que se pasará de una legalidad española a una catalana que daría cobertura al referéndum y a los funcionarios. “Que se olvide la gente de la revolución de las sonrisas, porque el conflicto que nos espera será de alto voltaje”, señalan fuentes de la CUP.
De hecho, los cuperos creen que no habrá una legalidad catalana soberana que sustituya la legalidad española, sino una “legalidad intervenida”, ya que, según su opinión, en el momento que se quiera “aprobar y materializar los instrumentos para ejercer el derecho a la autodeterminación habrá suspensión del Tribunal Constitucional”. Por lo tanto, fuentes de la CUP aseguran que “hay que asumir que habrá consecuencias penales” ya que “se entrará en un vacío legal, en el que habrá una legalidad catalana intervenida y una legalidad española que irá en contra” de los intereses independentistas.
Con todo, los anticapitalistas consideran en el texto que hay “una larga lista de elementos” que “nos permiten sostener este marco de legalidad intervenida y Estado autoritario de derecho y que colocan el elemento democrático fuera de la legalidad”. A su parecer, eso “convierte en ilegítima la actuación del Estado” y justificaría la realización de acciones unilaterales, “y si hace falta en el marco de la desobediencia civil y/o de la desobediencia institucional”.
Por lo tanto, la desobediencia al TC estaría servida. La CUP reclama “el empoderamiento popular” y acompañar la ruptura con “más movilización y con más desobediencia”.