Más que ‘ilegal’, un buen vecino
Al otro lado del teléfono, Brandon responde: “Carlos es un gran tipo”.
Desde el restaurante La Fiesta, en West Frankfort (sur de Illinois), se ofrece una sensación de alivio. “Carlos está con la familia”, aclara su colega.
En esta ciudad minera, con una población de 8.000 habitantes, de los que el 97% son blancos, no hubo color. Ganó Donald Trump por una abrumadora mayoría.
Una de las cuestiones que más atrajo a sus residentes a apoyar al candidato conservador fue su promesa de deportar de forma masiva a los indocumentados.
Sin embargo, gran parte de esta misma ciudad se ha movilizado en defensa de un ilegal: Juan Carlos Hernández Pacheco. A sus 38 años, lleva cerca de dos decenios en West Frankfort, de los que diez ha ejercido como mánager del restaurante mexicano.
“Estoy impresionado por el apoyo”, declaró Hernández al The
New York Times. Cansado, pero aliviado y agradecido. Iba de regreso a su hogar, donde le esperaba su esposa Elizabeth, que logró regularizar su situación en el 2016, y sus tres hijos, el menor de dos años, que son ciudadanos norteamericanos.
Justin Howard, juez de inmigración de Kansas City (Missouri) le había dejado en libertad, a cambio de una fianza de 3.000 dólares. De esta forma paró el que parecía su destino más inminente, el de la expulsión del país.
“Normalmente no ves este tipo de documentación”, señaló el magistrado al adoptar una resolución que ha sorprendido a los halcones del gobierno Trump.
“Siento que Carlos es un hombre de carácter”, escribió el alcalde West Frankfort, Tom Jordan, uno más de los que remitió cartas de solidaridad. “No creo que Carlos vaya a tomar el riesgo de irse. Está casado y adora a sus hijos. Es un miembro leal de la comunidad. Además de que aquí tiene propiedades, es un padre comprometido y nunca abandonaría a su familia”, prosiguió el alcalde en su súplica al juez.
Junto al mayor Jordan también se alinearon en su defensa el segudo jefe de la policía local, el fiscal del condado, el responsable de bomberos o un miembro retirado de la policía estatal, entre otros muchos vecinos.
La iniciativa ciudadana se puso en marcha en cuanto se produjo su detención, cerca del restaurante, el pasado 9 de febrero. Muchos se enteraron en ese momento de que ese hombre siempre dispues- to a ayudar, siempre correcto, era uno de los simpapeles. “Los agentes buscaban a otra persona, vieron a Carlos y le pidieron los documentos”, comentó en la CNN su abogado, Victor Arana. El letrado remarcó que Carlos nunca había estado en la cárcel. Le pusieron en la lista porque en el 2007 tuvo dos sanciones por conducir borracho. En su misiva, el alcalde aclaró al magistrado que Carlos “se enroló en un programa de Alcohólicos Anónimos y no ha vuelto a beber”.
Para unos, es el símbolo de la amenaza que Trump supone para los indocumentados, pese a distinguirse por su compromiso cívico. Otros apostillan que, por buena persona que sea, entró en el país rompiendo las leyes.
Sabe que su pesadilla continúa. Sin embargo, en una nota a su abogado, Carlos mostró su esperanza de que “esto ayudará a convertirme en ciudadano legal”.