La justicia permite a una etarra vivir con su hija, apuñalada por el padre

Izar, la hija de la etarra Sara Majarenas, cumple tres años, la edad en que un niño ya no puede convivir más con su madre en prisión. No obstante, la terrible historia que sufre la niña, a quien su propio padre apuñaló en el mes de enero, ha hecho que la justicia permita a la mujer y a la pequeña continuar juntas, a partir de ahora en un centro de acogida en Madrid.

El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, otorgó el segundo grado a la presa de ETA, que cumple condena desde el 2005 en el centro penitenciario valenciano de Picassent por haber formado parte del comando Levante. En su escrito, reconoce que “la separación sería contraria a la protección que todo menor necesita, máxime en circunstancias tan excepcionales y graves.” A principios de año, la pareja de Majarenas asestó varias cuchilladas a la criatura –que de lunes a viernes vivía en régimen especial con la madre– y se entregó a la policía de Benifaió (Valencia), creyendo que la había matado. Ahora el agresor está en prisión provisional por estos hechos. En una carta posterior publicada en el diario Gara, Majarenas afirmaba que el objetivo de este acto de violencia machista era dañarla a ella y a su familia, presuntamente por una disputa sobre la custodia. Explicaba que, superadas las heridas físicas, ahora la prioridad era la recuperación “psicológica y emocional” de su hija: “Izar no entiende qué le hizo su propio padre y no entiende por qué ha desaparecido de su vida de repente”.

Atendiendo a esta necesidad de favorecer la recuperación, y de acuerdo con los informes técnicos, Castro optó ayer por aplicar el “principio de flexibilidad” que recoge el artículo 100.2 del reglamento penitenciario. De esta forma podrán continuar la convivencia juntas, fuera de las rejas, atendidas por la fundación Padre Garralda, de quien la Audiencia Nacional valora el trabajo que hace con los presos de permiso o en situaciones de semilibertad. Para tomar la decisión, el juez también ha tenido en cuenta el adelantado estado de cumplimiento de la pena, que es de 13 años en total, y la ausencia de expedientes disciplinarios. Sortu, el principal partido de la izquierda abertzale, valoró ayer como “un paso adelante” el segundo grado pero reclamó su derecho a quedar en libertad condicional por haber cumplido tres cuartas partes de la condena. El otro elemento relevante que se ha puesto en la balanza es la constatación de que la etarra se ha movido en “postulados posibilistas” dentro del colectivo de reclusos de ETA. De hecho, firmó una carta el día 6 de febrero en la cual mostraba el arrepentimiento por su pasado en la organización terrorista, dejaba claro que se había desmarcado, reconocía el daño causado y se comprometía con las vías de reivindicación pacíficas. Un informe del centro penitenciario, fechado el día 20 del mes pasado, avala las expectativas que la mujer se mantendrá “al margen de toda actividad delictiva relacionada con temas políticos” y que su principal dedicación será, precisamente, tener cuidado de la niña. El comando Levante, del que formaba parte Majarenas cuando fue arrestada hace doce años, planeaba varios atentados en la Comunidad Valenciana, entre ellos, contra quien fue alcaldesa de la capital, Rita Barberá. Una manifestación recorrió ayer por la noche San Sebastián para pedir la libertad de la etarra.

Sara Majarenas cumple condena desde el 2005 por haber formado parte del comando Levante