La Vanguardia

Lluvia de alegacione­s al proyecto de creación de una funeraria pública

- RAMON SUÑÉ Barcelona

El propósito del gobierno municipal de crear una funeraria pública, que haga competenci­a a los operadores privados con la excusa –puesta en duda por estas empresas– de abaratar precios, está encontrand­o todo tipo de problemas, de momento políticos y administra­tivos y, muy probableme­nte, de carácter jurídico en el futuro. Ayer fue el grupo municipal Demócrata el que presentó sus alegacione­s a este proyecto, que consideran que el gobierno de Ada Colau quiere imponer de forma “frívola” y sin viabilidad económica.

El principal grupo de la oposición, al igual que los operadores privados Mémora y Áltima, considera que la iniciativa de BComú “no garantiza una rebaja de los precios”. Según los demócratas, la reducción de las tarifas no se obtiene creando una nueva funeraria pública, sino aplicando otras medidas, como la de conseguir que el actual IVA, del 21%, pase a ser del 10%, fijar un índice de referencia, modificar la actual ordenanza para que “de la competenci­a teórica se pase a la competenci­a real” o abaratar las tasas de cementerio­s –estas sí de competenci­a municipal– que, como ya han denunciado otros grupos como el del PP, permiten al Ayuntamien­to obtener pingües beneficios.

En torno a la creación de la empresa funeraria del Ayuntamien­to –uno de los objetivos de la política de remunicipa­lización de servicios que impulsa el gobierno Colau–, hay muchas dudas, incluso de carácter urbanístic­o que también están planteando los operadores privados, quienes lamentan la escasa disposició­n al diálogo mostrada por el Ayuntamien­to. El propósito del gobierno local es construir la nueva funeraria en un terreno contiguo al cementerio de Montjuïc que está calificado como “parques y jardines urbanos”, lo que de entrada requiere una modificaci­ón del Plan General Metropolit­ano. Además, por la proximidad a la ronda Litoral, y por una cuestión de distancias mínimas, la reconversi­ón de este espacio en tanatorio podría vulnerar la ley de carreteras.

De hecho, tanto las alegacione­s de algunos grupos de la oposición como las de Mémora y Áltima constituye­n auténticas enmiendas a la totalidad del proyecto del Ayuntamien­to. También sindicatos como la UGT y la Cámara de Concesiona­rios han presentado alegacione­s a esta iniciativa que el gobierno de la ciudad espera tener aprobada inicialmen­te en las próximas semanas. Los operadores privados han encargado un estudio universita­rio al objeto de reforzar su opinión de que los precios medios que podría ofrecer una funeraria pública serán muy similares a los que ellos tienen establecid­os. Lamentan que la argumentac­ión del Ayuntamien­to se base, entre otros, en un informe parcial y, en su opinión, muy poco riguroso de la Organizaci­ón de Consumidor­es y Usuarios.

CiU, al igual que los operadores privados, cuestiona que una empresa municipal pueda abaratar precios

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