Lluvia de alegaciones al proyecto de creación de una funeraria pública
El propósito del gobierno municipal de crear una funeraria pública, que haga competencia a los operadores privados con la excusa –puesta en duda por estas empresas– de abaratar precios, está encontrando todo tipo de problemas, de momento políticos y administrativos y, muy probablemente, de carácter jurídico en el futuro. Ayer fue el grupo municipal Demócrata el que presentó sus alegaciones a este proyecto, que consideran que el gobierno de Ada Colau quiere imponer de forma “frívola” y sin viabilidad económica.
El principal grupo de la oposición, al igual que los operadores privados Mémora y Áltima, considera que la iniciativa de BComú “no garantiza una rebaja de los precios”. Según los demócratas, la reducción de las tarifas no se obtiene creando una nueva funeraria pública, sino aplicando otras medidas, como la de conseguir que el actual IVA, del 21%, pase a ser del 10%, fijar un índice de referencia, modificar la actual ordenanza para que “de la competencia teórica se pase a la competencia real” o abaratar las tasas de cementerios –estas sí de competencia municipal– que, como ya han denunciado otros grupos como el del PP, permiten al Ayuntamiento obtener pingües beneficios.
En torno a la creación de la empresa funeraria del Ayuntamiento –uno de los objetivos de la política de remunicipalización de servicios que impulsa el gobierno Colau–, hay muchas dudas, incluso de carácter urbanístico que también están planteando los operadores privados, quienes lamentan la escasa disposición al diálogo mostrada por el Ayuntamiento. El propósito del gobierno local es construir la nueva funeraria en un terreno contiguo al cementerio de Montjuïc que está calificado como “parques y jardines urbanos”, lo que de entrada requiere una modificación del Plan General Metropolitano. Además, por la proximidad a la ronda Litoral, y por una cuestión de distancias mínimas, la reconversión de este espacio en tanatorio podría vulnerar la ley de carreteras.
De hecho, tanto las alegaciones de algunos grupos de la oposición como las de Mémora y Áltima constituyen auténticas enmiendas a la totalidad del proyecto del Ayuntamiento. También sindicatos como la UGT y la Cámara de Concesionarios han presentado alegaciones a esta iniciativa que el gobierno de la ciudad espera tener aprobada inicialmente en las próximas semanas. Los operadores privados han encargado un estudio universitario al objeto de reforzar su opinión de que los precios medios que podría ofrecer una funeraria pública serán muy similares a los que ellos tienen establecidos. Lamentan que la argumentación del Ayuntamiento se base, entre otros, en un informe parcial y, en su opinión, muy poco riguroso de la Organización de Consumidores y Usuarios.
CiU, al igual que los operadores privados, cuestiona que una empresa municipal pueda abaratar precios