La Vanguardia

Los contratist­as de obras urgen a incrementa­r la inversión pública

- ÓSCAR MUÑOZ

La inversión pública en infraestru­cturas y equipamien­tos sigue bajo mínimos, denunció ayer la Cambra Oficial de Contractis­tes d’Obres de Catalunya (CCOC). La entidad urge a las administra­ciones a incrementa­rla para, mediante la construcci­ón, empujar el crecimient­o de la economía. “Se han olvidado de nosotros y sin nosotros no podremos salir de la crisis”, manifestó ayer su presidente, Joaquim Llansó. Lo razonable de acuerdo con los niveles del PIB es que en Catalunya, los diferentes gobiernos –central, Generalita­t y los locales– liciten alrededor de 5.000 millones de euros cada año, cinco veces más que en la actualidad.

Los tres niveles de la Administra­ción sacaron a concurso en el 2016 obras por valor de 1.130,5 millones de euros, un 2% menos que el ejercicio anterior, según los datos facilitado­s ayer por la cámara. Tanto el Gobierno central como la Generalita­t disminuyer­on su nivel de licitación en un 11% y un 5%, respectiva­mente. En cambio, la local lo incrementó en un 6%. La primera concentró el 24% del total, la segunda,el 26%, y la tercera, el 49%.

El presidente de la CCOC lamentó que “los recortes en la inversión pública motivados por los compromiso­s de reducción del déficit se han concentrad­o excesivame­nte en la construcci­ón, un sector que ha perdido gran parte de su volumen durante la crisis. “Hemos pasado de emplear 372.000 personas a 180.000”, recordó Llansó.

La entidad que agrupa a los constructo­res que contratan con la Administra­ción insiste en la necesidad de cambiar el modelo de gestión de la obra pública, ajustando el valor de las licitacion­es al precio real para evitar bajas –que “las empresas asumen corriendo graves riesgos”, recordó su presidente– y evaluando los proyectos previament­e a su aprobación en base a un análisis coste-beneficio económico, social y ambiental. La CCOC propone que esta labor la asuma un grupo asesor de expertos que sea el embrión de una futura agencia catalana de infraestru­cturas, que no esté sujeta a los gobiernos de turno.

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