El Govern desoye el revés jurídico al referéndum
El Consell de Garanties advierte que convocar la consulta es inconstitucional Puigdemont insiste en que se hará, pese al dictamen del órgano asesor
“El referéndum se convocará”. Así reaccionó ayer el president Puigdemont ante el dictamen del Consell de Garanties
Estatutàries. Alegó que el Constitucional catalán avala las partidas presupuestarias para hacerlo.
Varapalo del Consell de Garanties Estatutàries a la decisión del bloque soberanista de convocar un referéndum sobre la independencia de Catalunya. El órgano consultivo considera que la Generalitat no tiene potestad para hacerlo, porque la competencia corresponde en exclusiva al Estado, según concluye por unanimidad en el dictamen sobre los presupuestos del 2017 confeccionado a petición de Cs, PP y PSC y entregado ayer al Parlament.
El dictamen, en concreto, declara contraria a la Constitución –a los artículos 92 y 149.1.32–, y sin amparo en el Estatut –en los artículos 122, 211 y 212–, la disposición adicional trigésima primera del proyecto de ley que prevé la habilitación de las partidas necesarias, sin especificar ninguna dotación económica, para celebrar un referéndum, porque “la jurisprudencia constitucional no reconoce a la Generalitat la potestad de regular ni de convocar una consulta refrendaria sobre el futuro político de Catalunya”. Y, de acuerdo con esta premisa, “tampoco puede prever en su legislación presupuestaria una habilitación o autorización para un gasto de dinero público en relación con una competencia que no tiene atribuida o de la que no es la titular reconocida”.
Una conclusión que el Consell de Garanties Estatutàries advierte que “no puede ser reinterpretada ni tan siquiera matizada” por la cláusula final de la referida disposición adicional trigésima primera que alude al “marco de la legislación vigente en el momento en que se convoque” el referéndum, porque “la regulación que contiene este tipo de ley específica de política económica se tiene que ajustar al marco jurídico vigente en el que se inserta en el momento de ser aprobada”. La única concesión del dictamen es recordar que, en el supuesto de un cambio de la normativa, bien por una reforma legal, bien por una autorización del Estado a la Generalitat, “las leyes presupuestarias disponen de los mecanismos idóneos que facilitarían al Govern la dotación económica suficiente para hacer frente a las necesidades o requerimientos que se pudiesen derivar”.
A pesar de la contundencia de los argumentos del órgano consultivo, el Govern está plenamente decidido, en todo caso, a seguir adelante y a celebrar el referéndum, según avisó el propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tras conocer el contenido del dictamen: “El Govern convocará el referéndum”. El Govern se siente avalado por el hecho de que se declaren ajustadas a la Constitución y al Estatut las partidas de 5,8 millones de euros del articulado del proyecto de presupuestos destinadas genéricamente a procesos electorales, consultas populares y procesos de participación ciudadana –y no específicamente al referéndum– y la asignación de 330 millones del fondo de contingencia, también cuestionadas por Cs y en este caso desestimadas. Y es que el Govern daba por hecho que la disposición explícita sobre el referéndum, incluida en las cuentas para satisfacer las demandas de la CUP, no superaría el examen de constitucionalidad –convencido de que, llegado el caso, el Gobierno la recurriría–, pero probablemente lo que no esperaba es que fuera el mismo Consell de Garanties Estatutàries el que sub-
El órgano consultivo declara inconstitucional la disposición explícita del presupuesto sobre el referéndum
rayara que la Generalitat no tiene competencias para convocarlo.
Por ello el Govern se agarra al mantenimiento de las partidas económicas para garantizar que “el referéndum se convocará”. “La partida económica con el dinero reservado para hacer el referéndum está perfectamente avalada, por tanto el referéndum se hará”, sostuvo el presidente Carles Puigdemont. “El Govern siempre estudia los dictámenes del Consell de Garanties Estatutàries y siempre mantiene todos sus compromisos, y en particular el del referéndum, porque la prioridad de este Govern es que los ciudadanos de Catalunya puedan decidir su futuro a través de sus votos”, remarcó el vicepresidente Oriol Junqueras. “El Govern mantendrá el compromiso del referéndum, que entendemos que es perfectamente legal y democrático”, constató la portavoz Neus Munté. Y lo único que tiene que decidir ahora, antes de la aprobación de las cuentas por el Parlament, previsiblemente en un pleno extraordinario a mediados de mes, es si la polémica disposición adicional trigésima primera se modifica, se mantiene o se suprime. “Todas las posibilidades están abiertas”, reconocen a La Vanguardia fuentes del Departament d’Economia, conscientes de que los dictámenes del órgano consultivo no son vinculantes, precisamente porque la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut eliminó esta opción.
La decisión al respecto puede depender en buena medida de la CUP, que considera que en ningún caso vería comprensible dar “un paso atrás” en el referéndum. Los anticapitalistas confían en que el Govern mantenga la disposición adicional a pesar del dictamen, ya que consideran que desde el momento en que se acordó añadirla el gabinete de Carles Puigdemont y las fuerzas independentistas eran conscientes de que el Consell de Garanties Estatutàries resolvería su inconstitucionalidad.