Diálogo de sordos
Juan-José López Burniol se pregunta: “¿Se puede dialogar cuando la otra parte infringe frontal y deliberadamente, si bien de forma solapada e insidiosa, las normas esenciales de la convivencia democrática? Porque esto es lo que han hecho los grupos parlamentarios que sustentan al Govern de la Generalitat de Catalunya”.
Tengo la costumbre de remitir a la redacción de La Vanguardia, todos los miércoles a primera hora, el texto del artículo que aparece los sábados. El pasado miércoles no lo hice. Lo tenía escrito desde el fin de semana anterior y se titula “Memorial”. Hago en él una breve referencia al estado actual del contencioso catalán y me dirijo luego directamente al presidente del Gobierno de España atribuyéndole la responsabilidad máxima en la resolución de este conflicto. Pero, llegado el momento, no lo envié porque, después de conocida la maniobra torticera pergeñada por Junts pel Sí y la CUP para sacar adelante la ley de desconexión jurídica hurtándola al normal control parlamentario, me pareció que era un escarnio responsabilizar preferentemente a una de las partes enfrentadas cuando la otra no observa los mínimos de una convivencia democrática básica. Los dos párrafos esenciales de dicho artículo dicen así:
“Hay que dialogar. Pero no sirve a estos efectos cualquier diálogo. No basta un diálogo informativo (un intercambio de las respectivas posiciones, mil veces reiteradas), ni un diálogo dialéctico (un debate con pretensión de convencer al contrario, casi siempre estéril). Es preciso un diálogo transaccional, en el que ambas partes se hagan recíprocas concesiones para alcanzar un pacto, aunque este sea un apaño. Un diálogo así sólo cabe si ambas partes se conducen de buena fe, sin una mala palabra, ni un mal gesto, ni una mala actitud. No se trata de derrotar a un enemigo, sino de pactar con un adversario al que no se puede despreciar.
”¿Quién habría de iniciar este diálogo? En la resolución de todo conflicto tiene casi siempre mayor responsabilidad quien goza de más fuerza, quien dispone de mayores recursos. Por consiguiente, en un diálogo de este alcance, la iniciativa ha de partir –mediante una oferta– del Gobierno central, presentando al efecto una propuesta concreta de acuerdo sobre la que debatir y transigir, centrada en el reconocimiento nacional de Catalunya, en las competencias identitarias, en las competencias financieras y en la consulta sobre esta propuesta a los ciudadanos catalanes. Y, a su vez, la contraoferta catalana debería consistir en la aceptación de una estructura federal –no confederal (bilateral)– del Estado. ¿Se está aún a tiempo? Sí, aunque no puede desdeñarse el riesgo de un enfrentamiento buscado deliberadamente por los antisistema y por una facción residual de la vieja nomenclatura nacionalista, que jugaría esta última carta para recuperar un poder que considera suyo. Bastaría con que el presidente Rajoy impulsase, antes de este intento, una política transaccional”. Hasta aquí la copia del artículo.
La pregunta que me hice el pasado miércoles y que respondí negativamente es esta: ¿se puede dialogar cuando la otra parte infringe frontal y deliberadamente, si bien de forma solapada e insidiosa, las normas esenciales de la convivencia democrática? Porque esto es lo que han hecho los grupos parlamentarios que sustentan al Govern de la Generalitat de Catalunya. Pretenden aprobar la ley de desconexión que ampararía la convocatoria del referéndum por el procedimiento de lectura única, que excluye el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries y prescinde de hecho de la oposición parlamentaria, al tramitarse la ley sin enmiendas ni debates en comisión y con el solo trámite del debate de totalidad en el pleno. Es evidente que con esta tramitación parlamentaria de lectura única se recortan sustancialmente las posibilidades de debate a los parlamentarios opuestos a la secesión unilateral, ya que estos conocerán el texto sobre el que han de pronunciarse prácticamente en el momento de votar. No es extraño que el reglamento del Parlament reserve el trámite de lectura única a los proyectos de ley presentados por el Govern y a las proposiciones de ley presentadas por todos –todos– los grupos parlamentarios. Así las cosas, lo que pretenden ahora Junts pel Sí y la CUP es que un solo grupo parlamentario pueda impulsar una proposición legislativa. Y, para más inri, el texto de la futura ley de transitoriedad jurídica aprobado por Junts pel Sí y la CUP el pasado 29 de diciembre –con un preámbulo y nueve epígrafes– sigue siendo desconocido, lo que supone una maniobra más para evitar la tramitación habitual y el debate parlamentario.
Conclusión. Quienes tal actúan saben que su designio no prosperará: que no habrá referéndum. Sólo buscan la confrontación, cuanto más dura mejor, para así asentar un victimismo de posible repercusión internacional e hipotético rédito electoral. En esta situación, no hay negociación que valga. Sólo queda hacer cumplir la ley. Y tan sólo después de reestablecida la legalidad vulnerada, cuando llegue el inevitable día después, será llegado el momento de retomar el diálogo con espíritu de concordia, voluntad de pacto y predisposición transaccional. Sólo entonces. Hasta entonces, la ley. Como dice un texto de la liturgia católica: Observata lege plena. Esto es: observada la ley hasta el extremo.
Lo que pretenden Junts pel Sí y la CUP es que un solo grupo parlamentario pueda impulsar una proposición legislativa