Rajoy llama al Govern a cumplir su propia ley como le advierte el dictamen
La oposición exige a Puigdemont que abandone ya su plan independentista
Legalmente puede ser o no vinculante, pero políticamente el Gobierno de Mariano Rajoy da mucha “significación política” al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que declara contraria a la Constitución y al Estatut la disposición del proyecto de presupuesto de la Generalitat sobre el referéndum. A juicio del Ejecutivo central, el dictamen es “muy importante” no tanto desde el punto de vista legal sino desde el político, ya que supone entrar en contradicción no con los órganos y la legislación española sino la propia legislación catalana, que los soberanistas están dispuestos a incumplir con tal de lograr seguir adelante con el proceso soberanista, lo que debilita el carácter democrático en el que siempre han querido escudarse.
El ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, se refirió a este dictamen en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, aun sin que se le preguntara por él, para hacer una llamada “al diálogo, a la responsabilidad y a la tranquilidad”, pero también a la Generalitat “a que cumpla con la ley, incluso con su propia ley, y que no sigan manteniendo cosas que sus propios organismos constitucionales rechazan”.
Méndez de Vigo subrayó que el Consell de Garanties Estatutàries “es un órgano creado por la propia Generalitat, un instrumento de la Generalitat, que le dice a la Generalitat que está cometiendo actos inconstitucionales”.
El Gobierno no tiene intención de aprovechar esta circunstancia para hacer ninguna actuación por parte del Ejecutivo del Estado que resalte lo que ha dicho el organismo catalán. Aun así, ayer sus miembros no podían esconder su satisfacción por la decisión de declarar inconstitucional la disposición que señala que la Generalitat debe habilitar partidas presupuestarias para celebrar el referéndum soberanista. Satisfacción porque cuando el Gobierno central tenga que recurrir al Tribunal Constitucional una partida será un argumento de peso el informe del Consell de Garanties, por mucho que su dictamen no sea vinculante.
Y el Gobierno tampoco tiene ninguna intención de dar un paso más de presión en estos momentos si se aprueba la partida en contra del informe, ya que muchos consideran que ahora sería perjudicial para la estrategia del Ejecutivo de Rajoy. Cuando se plantee el referéndum, sí tomará decisiones frente al bloque soberanista, como podría ser poner condiciones para las transferencias financieras a Catalunya que debe hacer el Gobierno. El Ejecutivo lo tiene claro. Es una nueva baza en su estrategia, y es mejor ser prudente ahora.
La oposición en el Parlament también reclamó al Govern que escuche al Consell de Garanties y renuncie a su plan independentista. Ciutadans, el PSC y el PP, que llevaron el proyecto de presupuestos ante este organismo para ser analizado, coincidieron en pedir a Puigdemont que “abandone el victimismo” y reconozca que su hoja de ruta “no lleva a ninguna parte”.
“No han sido ni el malvado Constitucional, ni la malvada Fiscalía, sino su propio Consell, nombrado por ellos, quien advierte que los presupuestos son ilegales y contrarios al Estatut”, señaló el diputado de Ciudadanos Fernando de Páramo. La formación naranja considera que el dictamen del Consell obliga a Puigdemont a rectificar el rumbo de su gestión. De la misma forma, el líder del PP en el Parlament, Xavier García Albiol, exigió al Govern que retire las partidas previstas para celebrar el referéndum y que rompa su pacto con la CUP para centrarse en otras políticas en lugar de en la “ruptura”.
El PSC fue más allá y abogó por convocar elecciones cuanto antes. Para el primer secretario de los socialista catalanes, Miquel Iceta, la legislatura ya está amortizada. “Si el único objetivo de este Govern era hacer un referéndum, el Govern se ha quedado sin objetivo, la legislatura ha terminado y lo que tendría que hacer es convocar cuanto antes nuevas elecciones”, destacó.
Quien no renuncia a la celebración del referéndum, pero acordado, son los comunes. Su grupo en el Parlament, Catalunya Sí que es Pot, insistió en que esta vía pactada queda “reforzada”, porque no ha sido impugnada. Por ello, el portavoz de Sí que es Pot, Joan Coscubiela, reclamó a Puigdemont que abandone la senda de la “unilateralidad” y se centre en buscar apoyos a la consulta con garantías que tanto ellos como el Pacte Nacional pel Referèndum defiende.