Querella contra el juez militar que redactó la condena a Puig Antich
Barcelona emprenderá una acción penal por delitos de lesa humanidad
Los concejales debatirán en el próximo pleno una moción para perseguir los crímenes de la dictadura
El 2 de marzo de 1974, en la cárcel Modelo, Salvador Puig Antich fue ejecutado a garrote vil. Desde entonces, su familia y organizaciones civiles quieren que se persiga a quienes le juzgaron y le condenaron a la pena capital. Ayer, el Ayuntamiento de Barcelona anunció que presentará una querella por crímenes de lesa humanidad contra el juez militar que redactó la sentencia, Carlos Rey, que actualmente ejerce de abogado en la ciudad.
El teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia, Jaume Asens, presentó ayer la iniciativa en compañía del presidente del Instituto de Derechos Humanos de Catalunya, David Bondia, y tres de las hermanas de Puig Antic, Carme, Imma y Montserrat, que previamente fueran recibidas por la alcaldesa Ada Colau.
Asens señaló que la querella es un “acto de justicia” que quiere impulsar el Consistorio, que además está personado en la causa que se sigue en Argentina por los crímenes del franquismo y la que se instruye en Barcelona por los bombardeos italianos en la ciudad durante la Guerra Civil.
La querella, que aún no ha sido presentada en los juzgados de Barcelona, se dirigirá contra Carlos Rey, que fue el juez que redactó la sentencia capital contra Puig Antich, y será por delitos de lesa humanidad, que nunca prescriben. Asens señaló que el papel de Rey tiene especial relevancia, “execrable”, dijo, porque era el único jurista del tribunal militar y él defendió el fallo ante los demás. Además, recalcó que nunca ha manifestado arrepentimiento y recordó que actualmente ejerce como abogado en la ciudad, contándose entre sus clientes, añadió, Alicia Sánchez-Camacho.
Para Asens, lo ocurrido con Puig Antich fue “un asesinato en forma de sentencia; una aberración que nos ofende”. Para reforzar los elementos jurídicos de la querella, explicó que se usarán los fundamentos que permitieron llevar a los tribunales a los jueces alemanes que actuaron durante el nazismo. Esta doctrina sostiene que existen crímenes tan evidentes que no se pueden amparar en las leyes existentes ni en la obediencia debida.
Montserrat, una de las hermanas de Puig Antich, declaró que “en el año 1974 la sociedad civil nos ayudó y ahora esperamos cerrar el círculo”, mientras que Carme señaló que no podían permitir que Salvador “pasara a la historia como un asesino”.
Salvador Puig Antich formó parte del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), una organización anticapitalista que no desdeñaba la lucha armada. Fue detenido el 25 de septiembre de 1973, en un confuso suceso ocurrido en un portal de la calle Girona, y a consecuencia del cual murió de un disparo el subinspector de policía Francisco Anguas. Juzgado en consejo de guerra, se le condenó a muerte, en una resolución que provocó una campaña internacional en solicitud de clemencia, que no obtuvo ningún resultado.
La Vanguardia ha intentado recabar la opinión de Carlos Rey, sin que haya accedido a hablar.
El pasado 28 de octubre, Barcelona formalizó un acuerdo entre ciudades para fundar la Red de Ciudades contra la Impunidad Franquista, junto con municipios como Pamplona, que acogió el acto, Vitoria, A Coruña, Cádiz, Zaragoza o Rivas. Tanto Vitoria como Pamplona tienen en marcha acciones penales contra los crímenes franquistas.
La Coordinadora Estatal de la Querella Argentina (Ceaqua), que da su apoyo a la querella, como ha explicado David Bondia, ha impulsado una moción que el Ayuntamiento de Barcelona llevará a su pleno este mes, y que pide a todos los partidos asumir el compromiso de agotar todas las vías legales para sentar en el banquillo a los responsables de los crímenes franquistas.