Otro revés para el Govern
EL proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para el 2017 incluye una disposición sobre la celebración del referéndum independentista que vulnera los principios de la Constitución Española y del Estatut d’Autonomia. Así lo indica el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, adoptado por unanimidad, que ayer fue registrado en el Parlament. La comunicación del Consell supone un revés, otro, para la hoja de ruta independentista del Govern, que incluye en sus presupuestos una disposición destinada a habilitar partidas para la organización del proceso refrendario. En el dictamen se recuerda que esa competencia es exclusiva del Estado y se niegan facultades similares al Govern. Por el contrario, se avalan como constitucionales las partidas genéricas destinadas a procesos electorales, consultas populares o procesos de participación ciudadana, algo habitual en los proyectos presupuestarios.
El dictamen del Consell se ha formulado en respuesta al recurso que presentaron semanas atrás diputados de la Cámara catalana pertenecientes al grupo parlamentario socialista, al grupo parlamentario de Ciudadanos y al grupo parlamentario popular.
La función del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya es consultiva, de manera que sus dictámenes no son vinculantes. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, se apresuró ayer a declarar que, pese al dictamen, seguían adelante los planes para celebrar el referéndum. Sin embargo, no es ocioso recordar que el Consell de Garanties Estatutàries es la institución de la Generalitat que vela por la adecuación de las normas con rango de ley del Govern y del Parlament al Estatut d’Autonomia y a la Constitución. Huelga decir, por tanto, que sorprende la manera en que desde la más alta instancia del Gobierno autónomo se desoye dicho dictamen del Consell. Como también sorprende que suceda tal cosa cuando el ponente del dictamen fue en su día elegido a propuesta de CiU. Y por más que la inclusión en los Presupuestos de la disposición rechazada por el Consell fuera una imposición de los anticapitalistas de la CUP, aceptada por Junts pel Sí.
El dictamen del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya llega muy pocos días después de que el bloque independentista del Parlament planteara la reforma del artículo 135 del Reglamento de la Cámara, con el propósito de aprobar –sin debate en comisión ni enmiendas– la ley de transitoriedad jurídica, trámite necesario para establecer los fundamentos jurídicos de una Catalunya independiente.
Este intento de reforma y aquel dictamen son hechos distintos, pero que se enmarcan en una misma coyuntura, caracterizada por el deseo del actual Govern y de Junts pel Sí y de la CUP de quemar etapas hacia la independencia. A menudo, violentando los procedimientos de participación democrática o desconsiderando el consejo de las instituciones, no ya sólo del Estado español, sino incluso –y esto es más llamativo– de la propia Generalitat de Catalunya.
Del mismo modo que el Gobierno central cree que el silencio y el paso del tiempo son el mejor remedio para reducir ciertas fracturas políticas –aunque en este caso no será así–, la Generalitat y la mayoría parlamentaria de Junts pel Sí consideran que la obstinación en pro de la independencia todo lo justifica –aunque tampoco es así–. Uno y otro se equivocan al actuar como lo hacen y nos acercan un poco más al conflicto institucional.