La soberanía llevada al absurdo

Los caminos de la política actual son inescrutables. En el 2001, John Hirst, en la cárcel por homicidio, recurrió contra una norma de 1983 que impide votar a los presos en el Reino Unido. La justicia británica no le dio la razón y Hirst llevó el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. En octubre del 2005, el Tribunal Europeo falló a su favor con el argumento de que privarle del derecho a votar era contrario a la Convención Europea de Derechos Humanos.

De entrada, el Gobierno británico aceptó el veredicto, pero luego, presionado por la Cámara de los Comunes, dijo que el derecho de los presos a votar era una cuestión que debía ser decidida por el Parlamento británico, no por un tribunal extranjero. Desde entonces el caso se ha ido complicando. Ha habido más demandas similares y en todas el Tribunal de Estrasburgo ha dado la razón a los presos. El Gobierno británico, que no ha querido dar su brazo a torcer, sostiene que el criterio del Tribunal de Estrasburgo es indicativo pero no obligatorio y amenaza con denunciar la Convención Europea de Derechos Humanos (es decir, retirar su firma) si el Tribunal no acepta esta interpretación.

El asunto no tendría mayor importancia si no fuera porque, hinchado, tergiversado y manipulado por la prensa sensacionalista y por los sectores más euroescépticos de la política británica, es una de las chispas causantes del incendio que ha conducido a la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Es un hecho sorprendente porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no tiene nada que ver con la Unión. Es un tribunal completamente distinto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, encargado de interpretar y aplicar el derecho comunitario. Depende del Consejo de Europa, que es una organización regional dedicada a promover la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley (inspirada, entre otros, por Winston Churchill, por cierto).

Pero la confusión entre estos dos tribunales ha servido para hacer cristalizar la opinión de muchos ciudadanos británicos que no quieren que su país esté sometido a la justicia europea. Se sienten muy orgullosos de sus leyes y de sus tribunales, y no ven razón para aceptar normas ni tribunales extranjeros.

Los tabloides se han hartado de echar leña al fuego con el argumento de que el caso de John Hirst es una muestra más de la tendencia de Bruselas a inmiscuirse en asuntos que no son de su competencia. Los euroescépticos han alimentado la confusión apelando a la dignidad nacional y, contra toda lógica, nadie ha sido capaz de hacer entender a los ciudadanos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no tiene nada que ver con Bruselas y que la sumisión del Reino Unido a este tribunal es fruto de una decisión voluntaria del Gobierno británico, fácilmente reversible.

Todo ello es un buen ejemplo de cómo, con medias verdades y manipulaciones, se construye un relato imbatible. Un relato de una engañosa sencillez, que cabe en un tuit. El ciudadano no quiere que le mareen con detalles. Informado del caso por las vías más tendenciosas, ha decidido que no quiere que ningún tribunal europeo diga a los jueces británicos quién puede votar y quién no, ni que ninguna norma europea pase por delante de las leyes británicas. Se acabó. Es una cuestión de soberanía.

El problema es que este mismo ciudadano quiere que los coches que se fabrican en el Reino Unido se puedan vender en toda Europa. Hay muchos puestos de trabajo en juego y no quiere renunciar a ellos. Pero este ciudadano no quiere entender que, para que esto sea posible como hasta ahora, sin trabas ni aranceles, los fabricantes de coches deben someterse a unas regulaciones de medio ambiente, emisiones, etcétera, iguales para todo el mercado europeo, que estas regulaciones deben ser aplicadas por unos tribunales comunes y que no es lógico que estos tribunales sean los británicos, porque los demás países europeos, como es lógico, no lo aceptarían.

Todo esto los políticos británicos son incapaces de explicarlo. Tampoco saben –o no quieren– explicar que, para que las entidades financieras británicas puedan operar en la zona euro, también se tienen que someter a unas regulaciones comunes, aplicadas por unos tribunales también comunes. A unos partidos no les interesa explicarlo y otros no lo consiguen, y el caso es que el mensaje no llega a los ciudadanos, que han decidido que no quieren que su país esté sometido a jueces extranjeros y que no se hable más del asunto.

El caso daría risa si no fuera porque esta voluntad de no aceptar la jurisdicción de ningún tribunal europeo es uno de los principales motivos por los que el Reino Unido abandonará el mercado único, aunque esto cueste miles y miles de puestos de trabajo en el país y, en menor proporción, en el resto de la Unión Europea.

El Reino Unido no acepta la jurisdicción de ningún tribunal europeo; uno de los motivos por los que deja el mercado único

Manipulados con medias verdades, muchos ciudadanos británicos no ven razón para aceptar tribunales extranjeros