La desconexión exprés de Puigdemont divide a su partido
oeDesconcierto de los exconvergentes por el secretismo del president oeEl juicio del Palau pondrá a prueba la unidad frente al referéndum
“Del desconcierto al alto riesgo”. El independentismo presume de una “capacidad de transmutación” inagotable, pero ahora afronta su particular paso del Rubicón. La heterodoxa unidad del independentismo se somete a una prueba crucial en pocos días. Las vías para una desconexión exprés y el varapalo formal del Consell de Garanties Estatutàries a la convocatoria del referéndum han violentado esta semana a parte del soberanismo. A partir del miércoles, la herencia del pasado convergente, con los tejemanejes de Fèlix Millet y Jordi Montull a punto de ser confesados y señalando a CDC, marcará un nuevo punto de inflexión.
Y el eslabón débil es, en ambos casos, el partido del presidente de la Generalitat. La determinación de Carles Puigdemont de convocar un referéndum es inquebrantable, pero la liberación que le permite su negativa a ser candidato a la Generalitat choca con la estrategia de su partido. Puigdemont se siente solo, y su partido lo ve aislado. Siendo alcalde fue el menos convergente de CDC y ahora, la alianza con ERC y la CUP provoca cada vez más tensiones en las familias del PDECat.
El secretismo de la operación de desconexión ha acabado por desconectar al president de parte de los suyos. El equipo de Puigdemont, el grupo parlamentario de Junts pel Sí, con Jordi Turull en la presidencia y Lluís Corominas pivotando en la Mesa; y la dirección del PDECat, con Marta Pascal y David Bonvehí, no siempre siguen el principio de vasos comunicantes.
La decisión de plantear una reforma del reglamento del Parlament para abrir una vía de aprobación exprés de la ley de transitoriedad jurídica, con la que se iniciaría la denominada desconexión, era conocida por pocos y compartida por menos. Las deficiencias en la iniciativa –obviaba que la reforma debía realizarse mediante ponencia de todos los grupos– aumentaron el malestar. Turull evitó las declaraciones públicas, pero la corrección que tuvo que presentar JxSí apuntaba claramente a los letrados del Parlament, a los que se somete a una presión insólita en cada tramitación relacionada con la hoja de ruta independentista.
Una situación que no hace más que aumentar la incomodidad en las filas del PDECat. Se habla de “chapuza” y se lamenta que, buscando atajos para convocar el referéndum, no se refuerzan las mayorías en Catalunya y se perjudica la imagen internacional del movimiento soberanista catalán. No hay dudas sobre el referéndum, pero se rechaza el “seguidismo” que desde el Parlament se practica con la CUP, que desdeña el modelo social del PDECat y volverá al discurso de la mafia, pero se declara “puigdemontista”. De hecho, se apuntan dos agendas paralelas. La dirección de Marta Pascal trabajando por la viabilidad del frágil proyecto político del PDECat, presionada por la herencia del 3%, y con la vista puesta en las municipales del 2019; y la de una dirección parlamentaria cuyo destino político está ligado al proceso soberanista y que busca marcar su propio perfil.
Unos defienden que “esto se tiene que ganar con orden y moderación”, pero la actuación parlamentaria de los otros está centrada en driblar al Gobierno central. El principio de partida es pasar “de la ley a la ley”, y se trabaja en tener “todas las vías” abiertas para eludir al Tribunal Constitucional, lo que supone también pasar por encima del Consell de Garanties. La CUP lo tiene claro: desobediencia.
De momento, la reforma del reglamento que se quiere emprender permitiría aprobar la ley de descoclo nexión sin tramitaciones el día que se presente ante el hemiciclo a petición de la mayoría independentista, aunque se olvida que en el trámite de lectura única se puede pedir un dictamen al Consell de Garanties, que debe responder en una semana.
Hay más vías para una aprobación superexprés. El bloque independentista es suficiente para alterar el orden del día de un pleno apelando al artículo 81.3 del reglamento, lo que permitiría presentar la ley de desconexión e incluso tramitarla sin necesidad de publicarla en el Butlletí Oficial del Parlament. El artículo 105 prevé una declaración de urgencia que reduciría los trámites y dejaría los plazos que fijar en manos de la Mesa, con mayoría de Junts pel Sí, y el 106.4 permite que el debate se haga a partir de la simple lectura en el hemici- de la iniciativa. Sin publicación, sostienen en JxSí, el recurso ante el Constitucional se complica, aunque el choque es inevitable ya que de la convocatoria del referéndum a su celebración se requerirían unos días. ¿Quién lo convocaría? “En un país normal lo hace el president”, admiten en el Govern, aunque de momento se siga el principio de que “lo que pueda hacer el Parlament no lo hará el Govern, lo que pueda hacer el hemiciclo no lo hará la Mesa”. El riesgo de inhabilitaciones es una procesión que cada uno de los socios lleva por dentro.
El know how no puede ser otro que el del 9-N, aunque cambien los protagonistas. Aprovechar los contratos marco del Govern en materia de servicios informáticos, correos y papelería –las urnas son de cartón– para acortar plazos en los prepara-
TODAS LAS VÍAS ABIERTAS La ley de transitoriedad podría aprobarse casi sin debate y hasta sin publicar el texto