Rajoy y la doble baza del PNV
El pasado martes fue eufórico en Euskadi. Por una parte, el Gobierno vasco y el central llegaban a un acuerdo para el acceso del TAV a las tres capitales vascas, y por otro, 300 personas de la sociedad civil de los tres territorios forales celebraban los 139 años del sistema paccionado con el Estado, convocadas en Bilbao por Gurea Kontzertua (la Comunidad del Concierto) aglutinadas todas ellas por la consigna lanzada por el lehendakari Urkullu: “El Concierto nos une”.
A falta de una lengua propia cohesiva –aparte del castellano, porque el euskera es de difícil aprendizaje–, la soberanía fiscal de las tres haciendas forales resulta la más compartida seña de identidad del autogobierno vasco asumida por todas las fuerzas políticas y por la íntegra sociedad vasca. Este martes tan satisfactorio para la autoestima y el bienestar de los vascos no hubiese sido posible, sin embargo, de no mediar el apoyo cerrado del Gobierno de Mariano Rajoy a la reivindicación del PNV de impulsar la financiación de la red ferroviaria de alta velocidad y de respaldar sin fisuras la vigencia del concierto económico, ofreciendo garantías, además, sobre una satisfactoria negociación del cupo pendiente.
Sólo veinticuatro horas después de que la plana mayor del PNV recibiese a Artur Mas tras su intervención con Ibarretxe y Otegi en San Sebastián, el lehendakari presentaba su programa de gobierno. “Deseo el mayor de los éxitos a Catalunya, pero somos realidades diferentes”, enfatizó Urkullu, firme partidario con Andoni Ortuzar, presidente del PNV, de poner en práctica un nacionalismo gestor. De ahí que la propuesta socioeconómica del Gobierno vasco consista en 175 compromisos y 650 iniciativas para mejorar los servicios públicos, reducir el paro por debajo del 10%, rebajar la tasa de pobreza hasta el 20% y garantizar a 20.000 jóvenes su primera experiencia laboral, además de aumentar en un año la esperanza de vida y la natalidad porque Euskadi está en recesión demográfica.
Desde el punto de vista político, en poco más de tres años el nacionalismo, con el apoyo del Partido Socialista de Euskadi, pretende una revisión del Estatuto –“dentro del ordenamiento jurídico”– y la remoción de las dificultades para asumir, además de las competencias en materia penitenciaria, en otros ámbitos como aeropuertos, autopistas, fondo de garantía salarial e hidrocarburos. Y por no dejar nada en el tintero, el Ejecutivo de Vitoria aspira a que el Gobierno central cierre la central nuclear de Garoña, en Burgos, demasiado cerca de las lindes de la comunidad vasca.
Todo este ambicioso plan está en buena medida supeditado a que el PNV y el Gobierno de Rajoy alcancen un acuerdo sobre los presupuestos generales del Estado para el 2017. Las conversaciones van a buen ritmo y las pilota el propio presidente. En abril se presentarán las cuentas públicas al Congreso y deberían estar aprobadas a finales de junio. Hay tiempo para un pacto con los nacionalistas que Ciudadanos no va a obstaculizar, pese a sus crisis con el Partido Popular, porque Albert Rivera sabe que la intención de Rajoy es jugar con el PNV una doble baza: granjearse, desde luego, sus votos para los presupuestos –no bastantes, pero sí imprescindibles– y demostrar que el Ejecutivo negocia con el correoso nacionalismo vasco y que es capaz de llegar a acuerdos beneficiosos para los ciudadanos de la comunidad vasca, reforzando el autogobierno estatutario, sin derivas independentistas. O sea, Mariano Rajoy lanza a través de Íñigo Urkullu idéntico mensaje a Catalunya: hay “otro camino” que no es el de la secesión sino el de optimizar en el marco constitucional la identidad territorial en todas sus variables.
La historia de las relaciones entre la derecha española y el PNV es brumosa. Los nacionalistas no participaron en el Pacto de San Sebastián que el 17 de agosto de 1930 preludió la II República, razón por la que Euskadi no dispuso de un Estatuto hasta octubre de 1936. Indalecio Prieto, el socialista vasco –de Oviedo– más emblemático del siglo pasado, motejó al País Vasco nacionalista como “ese Gibraltar vaticanista”. Los dirigentes del PNV, católicos y siempre sugestionados por el pacto con la Corona como mecanismo confederativo, dudaron en abril de 1936 sobre la conveniencia de permanecer fieles al régimen republicano y los gudaris (soldados vascos) prefirieron entregarse en la localidad cántabra de Santoña en agosto de 1937 a los militares italianos al margen de las instrucciones del Gobierno republicano. La conexión del PNV en el exilio con la izquierda española no fue intensa; luego la banda terrorista ETA distorsionó gravemente la trayectoria del nacionalismo y en 1996 – en un formato de colaboración distinto al actual– Xavier Arzalluz pactó la investidura de José María Aznar y declaró, en la propia sede madrileña del Partido Popular, que él se fiaba de “este castellano viejo”. Después del canto del cisne etarra y el disparate del plan Ibarretxe, el PNV ha regresado al pragmatismo que –aunque parezca lo contrario por lo abrupto de la reciente historia vasca– es un rasgo muy acusado en la idiosincrasia de sus gentes. Mucho antes, las llamadas “provincias exentas” se manejaron sin graves conflictos con la dinastía de los Austrias y de los Borbones, hasta que el fuerismo fue vencido por el liberalismo isabelino en el siglo XIX en la última guerra carlista.
Estos datos históricos conforman un contexto de antecedentes que explican que la conexión entre el nacionalismo vasco y la derecha española sea muy diferente a la que han mantenido y mantienen el catalán con Madrid. La memoria histórica de este país –y de los dirigentes del PP bien formados en el devenir del Estado español– hacen que en la actual coyuntura el eje entre la capital de España y Bilbao, auténtica capital vasca, resulte tan estratégica como lo fue el apoyo catalán a la transición y a la Constitución en 1978. Definitivamente, Euskadi es el mensaje del Gobierno a la Catalunya insurrecta.
Euskadi y su relación con el PNV es el mensaje que el Gobierno lanza a la Catalunya insurrecta a través de Urkullu: “Hay otro camino”