Una sobre cuotas catalanas en Madrid
La elección de Núria Mas como miembro del consejo del Banco de España ha sido bien recibida por la administración catalana. La competencia legal del nombramiento correspondía al Gobierno, de la mano de su ministro de Economía, Luis de Guindos. Este comunicó su decisión al gobernador del Banco de España, Luis Linde, de acuerdo con lo que estipula la ley de independencia del Banco de España: “Los seis consejeros serán designados por el Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, oído el gobernador del Banco de España”. Pero Guindos también descolgó el teléfono para comunicar a Oriol Junqueras, el vicepresident y conseller de Economia i Finançes de la Generalitat, el nombre de la designada. El perfil profesional de la elegida no ha generado recelos en el Govern.
Sin negociación, pues, ni cuota catalana, insisten desde la administración central, pese a que Núria Mas sustituirá a finales de este mes a Guillem López Casasnovas, que ocupaba hasta ahora el sillón del Banco de España. Propuesto por ERC en el 2005, en tiempos del primer tripartito en el Govern de Catalunya, ha cumplido ya los dos mandatos de seis años sin posibilidad de prórroga.
Las mismas fuentes aseguran que, en cambio, Luis de Guindos sí negociará con Junqueras la elección del vocal de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que deberá reemplazar en septiembre próximo a Josep Maria Guinart, exdiputado y militante de la antigua Unió Democràtica de Catalunya (UDC), en el cargo desde el 2011 (en realidad provenía de la anterior Comisión Nacional de la Energía) y que tampoco tiene posibilidad estatutaria de renovación tras seis años en el puesto.
Aunque las características de los dos consejos no son homologables y por lo tanto no admiten comparaciones, el del Banco de España es más especializado, centrado en el ámbito financiero y muy estructurado en torno a las figuras del gobernador y el subgobernador. El de la CNMC es mucho más amplio. Como se recoge en la ley que lo regula, se creó “para garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios”. Su radio de acción incluye desde el transporte, a las telecomunicaciones, todas las fuentes de energía y cualquier ámbito económico en que los derechos del consumidor puedan verse afectados.
Pese a esa trascendencia política y económica, su consejo, que preside José María Marín Quemada, vive una situación cuando menos extraña.
En el 2013, momento de su creación, el PP propuso que el consejo de la CNMC se repartiera a razón de seis puestos para expertos próximos a sus posiciones políticas, dos para los del PSOE, y otros dos para PNV y CiU, a razón de uno para cada uno de estos dos.
Finalmente, el acuerdo no fraguó y el consejo quedó integrado por seis del PP el ya mencionado de CiU y uno del PNV, Idoia Zenarruzabeitia. Desde septiembre pasado, tres consejeros, Diego Rodríguez, Eduardo García y María Ortiz, todos propuestos por el PP, tienen su mandato vencido y no han sido sustituidos. Y en septiembre próximo, además de Guinart, vencen los periodos de Fernando Torremocha (PP) y Zenarruzabeitia. Sin connotaciones políticas, el secretario del consejo es el catalán Joaquim Hortalà, hijo del presidente de la Bolsa de Barcelona.
A esta situación de interinidad se suma el proyecto del Gobierno, fruto del pacto entre el PP y Ciudadanos, de desmembrar las competencias de la CNMC, dividiéndola en dos órganos diferentes, uno de supervisión y regulación y otro de competencia. Algo que a juicio de muchos debilitará aún más la defensa de la competencia en el mercado español. El proyecto está en fase de exposición pública aunque sin calendario para su tramitación legislativa.
Lejos queda ya la época en la que Maite Costa, la catedrática de Economía de la Universitat de Barcelona, ocupó la presidencia de la CNE, entre el 2005 y el 2011, organismo antecesor de la actual CNMC. La economista catalana y exdiputada socialista en el Congreso está actualmente vinculada a Funseam, fundación sin ánimo de lucro dedicada a investigar sobre sostenibilidad medioambiental.
La reducida lista de representantes catalanes en los organismos reguladores se cierra con Javier Dies Llovera, miembro del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que sin embargo también es un representante del PP, del cual fue candidato en las listas de las municipales del 2011 en Sant Joan Despí. Dies fue elegido en el 2015 y seguirá en su cargo hasta el 2021.
Una relación ciertamente escueta si se atiende al peso de la economía catalana en el conjunto de la española. Aunque también debe relativizarse su importancia. La independencia de los reguladores españoles es objeto de debate intenso, pues las interferencias de los gobiernos y los poderes económicos en sus labores son de sobra conocidas. Precisamente, este es motivo de atención en Europa, que regularmente se interesa por saber qué pasos se dan para reforzarla.
Guindos negociará con el Govern en septiembre el nombramiento de un consejero en la CNMC