La Vanguardia

Beltrán Gutiérrez

La Audiencia Nacional cree que la red Púnica sirvió para aportar fondos al partido

- JOSÉ MARÍA BRUNET

EXGERENTE DEL PP DE MADRID

El juez que investiga la trama Púnica, el supuesto sistema de financiaci­ón ilegal del PP de Madrid, volvió a interrogar ayer a dos cargos de la etapa Aguirre: Beltrán Gutiérrez y José Ignacio Echeverría, y al empresario Arturo Fernández.

La expresiden­ta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dijo ayer que “podría haber vigilado la financiaci­ón, pero no la vigilé”. Aguirre, que ya había entonado antes algún otro mea culpa, tenía en este caso especiales razones para hacerlo, porque el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco anda tras nuevas pistas de la financiaci­ón irregular del PP madrileño.

Como prueba de ello, ayer interrogó al exgerente de la organizaci­ón en Madrid, Beltrán Gutiérrez, ya imputado en una pieza secreta de la operación Púnica, al exconsejer­o de Transporte­s José Ignacio Echeverría y al empresario Arturo Fernández. Se indaga el pago de comisiones, entre otras algunas de un “tímido” 1% en contratos publicitar­ios en varias consejería­s y organismos dependient­es de la Comunidad de Madrid.

El hilo del que está tirando el juez Velasco procede de “la ingente cantidad de documentac­ión tanto en soporte físico como digital” que fue intervenid­a en anteriores registros, uno de ellos en la sede regional de la organizaci­ón en la calle Génova de Madrid. En un primer momento, en una fase inicial de esta investigac­ión, el magistrado ya dictó un auto en el que afirmaba que dispone de “potentes indicios y datos objetivos” de que el exsecretar­io general de la formación, Francisco Granados, “recibió dinero para la posible financiaci­ón del PP”. Y para reunir más informació­n a este respecto, Velasco ha ordenado una nueva ronda de registros y requerimie­ntos de informació­n en distintas empresas, domicilios y sedes oficiales, entre ellas la Consejería de Sanidad.

En la mencionada pieza secreta, el magistrado mantiene imputados por los presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales al exgerente del partido regional, Beltrán Gutiérrez, y al empresario Javier López Madrid, además del propio Francisco Granados y su socio David Marjaliza. Según documentos incluidos en el sumario de la trama, Granados reflejó en una de las páginas de su libreta unos pagos al exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez de hasta dos millones de euros.

Granados, cuya última proeza conocida era haber guardado un maletín con un millón de euros en un altillo en casa de sus suegros, manejaba una agenda con datos de los que la Audiencia Nacional está sacando petróleo. En su dietario, el exsecretar­io general del PP en Madrid registró varios pagos efectuados por López Madrid, yerno del presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir. Una parte del dinero reunido, que en todo caso supondría cantidades millonaria­s, fue repartida posteriorm­ente por Granados, que la hizo llegar al exgerente regional.

La agenda ha sido una gran fuente de informació­n. Pero en algunos aspectos ha precisado la colaboraci­ón de un intérprete. Es decir, de alguien que supiera descifrar el código Enigma utilizado por Granados. Y quien ha cooperado con los investigad­ores, resultando clave en dicho papel, ha sido David Marjaliza, investigad­o a su vez en el marco de la operación Púnica por haber sido el hombre de confianza de Granados.

Los abonos anotados por el exsecretar­io general del PP de Madrid habrían tenido como principal beneficiar­io a Beltrán Gutiérrez. En la agenda de Granados, los pagos aparecen reflejados bajo las siglas B.G. Para esta lectura, desde luego, no hacía falta un descifrado­r de jeroglífic­os. Pero la cooperació­n del citado David Marjaliza, un antiguo hombre de confianza de Granados, sí ha sido relevante para interpreta­r otras siglas.

Gracias a Marjaliza, los investigad­ores han confirmado algunas tesis. Aparte de confirmar que el receptor de fondos B.G. era Beltrán Gutiérrez, han podido establecer que las anotacione­s relativas a JLM correspond­erían al citado Javier López Madrid.

Todo ello coincide ahora con la reapertura de la causa en la que se investigó la presunta financiaci­ón irregular del PP no sólo a escala regional, sino en el conjunto de la organizaci­ón en toda España. Ese proceso es una de las piezas derivadas de los papeles de Bárcenas, y ha sido reabierta por las manifestac­iones del cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, en el juicio que se está celebrando en la Audiencia sobre los contratos ilegales de esta trama en la Comunidad de Madrid. Todo ello permitió decir ayer al secretario de Análisis Estratégic­o de Podemos, Íñigo Errejón, que si se verifican las conexiones entre los casos Púnica y Gürtel y la financiaci­ón del PP de Madrid se confirmarí­a que el Partido Popular ha actuado como “una organizaci­ón criminal” transfirie­ndo dinero público a manos privadas.

El magistrado Velasco, a su vez, no tomó medidas cautelares contra los tres interrogad­os ayer, Gutiérrez, Echevarría y Fernández. Las dos fiscales de Anticorrup­ción encargadas del caso, Carmen García y Teresa Vázquez, no las pidieron. Pero el asunto no termina aquí, ni mucho menos. El juez Velasco tiene un hilo del que seguir tirando, y lo hará.

LAS DECLARACIO­NES Velasco interroga al exgerente del partido en Madrid, Beltrán Gutiérrez LOS ORÍGENES La investigac­ión nace de documentac­ión incautada en registros en consejería­s LA PISTA Francisco Granados anotaba en su agenda los pagos al encargado de las finanzas del PP

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DANI DUCH / ARCHIVO Francisco Granados, ex hombre fuerte del gobierno y del PP de Madrid, imputado por la financiaci­ón irregular del partido

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