La pena de la vergüenza
La Comisión Nacional del Mercado de Valores se plantea dar a conocer públicamente las aperturas de expedientes sancionadores para disuadir a los infractores, tal como hacen otros organismos.
Como ya hacen otros órganos supervisores en España, la Comisión Nacional del Mercados de Valores (CNMV) está dispuesta a incrementar el carácter disuasorio de sus actuaciones y comenzar “en los próximos meses” a hacer pública la apertura de expedientes sancionadores. Así lo avanzó su presidente, Sebastián Albella, en la presentación del nuevo plan de actividades y objetivos estratégicos del organismo. Albella apostó de esta forma por “revisar” el actual “régimen de publicidad de las sanciones” que impone la CNMV.
Así mismo, fijó como uno de los objetivos prioritarios del supervisor incrementar la vigilancia sobre la comercialización de productos financieros complejos como los contratos por diferencias (CFD) o las operaciones binarias. Sebastián Albella aseguró que en Europa existe “preocupación” y “extrema sensibilidad” por estos productos especulativos que “en el 80% de las ocasiones generan pérdidas para los inversores y que incitan a doblar la apuesta”. “Acabamos de enviar requerimientos a las entidades más activas –muchos de ellas radicadas en Chipre– exigiendo que en la comercialización de estos productos hay advertencias concretas de los riesgos y pidan una firma de puño y letra de los inversores”, señaló, mientras prometió mayor protección frente a prácticas como la comercialización de estos productos de alto riesgo por teléfono sin que el usuario lo haya solicitado previamente, práctica habitual en el cambio de compañía telefónica o de suministros.
Por otro lado, el nuevo presidente de la CNMV evitó criticar la creación de una nueva autoridad independiente que atenderá a los usuarios de banca e inversores financieros, aunque insistió en reclamar “coordinación” con la CNMV y el Banco de España. Albella adelantó además que este nuevo organismo diseñado por el Ministerio de Economía “va hacia un modelo arbitral” y, por tanto, las resoluciones ante las reclamaciones de los consumidores serán vinculantes, “por supuesto”.