El Congreso se abre a diseñar un sistema electoral más proporcional

Todos los grupos, salvo el PNV, aprueban una subcomisión para la reforma legal

Durante la última legislatura de Zapatero, y por espacio de dos años, una subcomisión del Congreso abordó la última reforma de la ley electoral. Y ahora, tras la etapa de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy –en la que sólo se introdujo una modificación para que una hipotética repetición de las elecciones no cayera justo el día de Navidad–, el Congreso vuelve a abrir una subcomisión para debatir la reforma del modelo electoral. Así lo aprobaron ayer todos los grupos, a instancias del PSOE y de Ciudadanos, en la comisión constitucional. Todos, salvo el PNV, cuyo portavoz, Mikel Legarda, no lo consideró “oportuno”.

Una subcomisión que, si nadie se llama a engaño, habrá de fijarse “objetivos realistas”. Por ejemplo, dotar de “más proporcionalidad” al actual sistema. Cualquier modificación que implique modificar la Constitución –como cambiar las circunscripciones–, queda por tanto lejos de esos objetivos realistas.

El presidente de Cs, Albert Rivera, fue el más entusiasta. “Por fin, después de 40 años, vamos a poder debatir la reforma de las reglas del juego”, celebró. Y apostó por desbloquear las listas, dotar de más proporcionalidad al voto o acabar con el voto rogado. Tanto el popular Francisco Martínez como el socialista Gregorio Cámara apelaron al “realismo”, y desde Unidos Podemos Íñigo Errejón instó a acabar con un modelo que, criticó, se diseñó para facilitar mayorías absolutas y blindar el bipartidismo. Un “corsé”, no obstante, que aseguró que la sociedad ya habría roto.

Por otra parte, la comisión Constitucional rechazó anular la condena al presidente Lluís Companys, como pretendían ERC y Unidos Podemos. Joan Tardà y Xavier Domènech insistieron en el carácter moral y no jurídico de la declaración de ilegitimidad de las sentencias de los tribunales políticos franquistas en la ley de la Memoria Histórica, y exigieron anular la validez de esos actos jurídicos y la consecuente restauración de los dolos patrimoniales. Domènech subrayó que las delaciones y purgas provocaron “la mayor transferencia de rentas desde la desamortización de Mendizábal”. En contra, Cs dio por solucionado el asunto con la ley de Memoria; el PP sólo apreció “viejos rencores y espesos revanchismos”; y José Andrés Torres Mora, en nombre del PSOE, acusó a ERC y Unidos Podemos de pretender “humillar a la democracia”.

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