La declaración de Fèlix Millet
EL largamente esperado juicio del caso Palau prosiguió ayer con una relevante declaración de Fèlix Millet. El expresidente del Palau de la Música reconoció ante el fiscal que esta institución fue reiteradamente utilizada para enviar dinero entregado por la constructora Ferrovial a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), a cambio de la adjudicación de obras públicas. Millet hizo precisiones jugosas, como que dicha constructora entregaba al Palau el 4% del coste total de las obras obtenidas –entre las que recibió se cuentan las de la Ciutat de la Justícia, donde precisamente se juzga el caso, u otras de la línea 9 del metro–. O que ese 4% se repartía del siguiente modo: un 2,5% para CDC, un 1% para Millet y un 0,5% para su entonces director administrativo, Jordi Montull. Las declaraciones de Gemma Montull, hija del mencionado cargo y exresponsable financiera del Palau, confirmaron la existencia de esta línea de pagos ilegales a CDC.
Independientemente de lo que nos depare este juicio en sus próximas sesiones –para la de hoy está prevista la declaración de Jordi Montull y del extesorero convergente Daniel Osàcar–, ya puede avanzarse que las palabras de Millet, el principal encausado, vienen a corroborar el relato del fiscal relativo a la financiación irregular del que entonces era el principal partido catalán, así como los indicios de malversación de fondos públicos. Y también abonan una sospecha a estas alturas ya muy extendida en el seno de la sociedad catalana.
Estos son hechos graves, aunque por desgracia no aislados ni exclusivos de un único partido: ayer mismo conocimos nuevas revelaciones, y no precisamente tranquilizadoras, sobre documentos de la operación Púnica, que apuntarían a la financiación ilegal del Partido Popular de Madrid. Pero sí son, como decíamos, hechos graves y merecedores de sanción. Además de reclamar, huelga decirlo, reparación económica. No vale, en la agitada coyuntura catalana, envolverse en banderas o atribuir la persecución fiscal a razones políticas o de oportunidad. Eso carece de sentido en cualquier caso, y más todavía cuando las investigaciones judiciales avanzan en frentes diversos. Nadie en su sano juicio trataría de recurrir a tales subterfugios, puesto que lo que nos jugamos todos en este tipo de casos es la posibilidad de regeneración de un sistema que, con exasperante frecuencia, se permite incurrir en incorrecciones insostenibles. Y decimos insostenibles porque no sólo perjudican la economía colectiva, sino que arrojan además un manto de descrédito sobre la gestión de las instituciones y fomentan el desánimo colectivo. No es aceptable que malas prácticas tan reiteradas no reciban el castigo preceptivo. Ni es posible la anhelada regeneración sin tales correcciones.
Tras la sesión de ayer –y quizás más todavía una vez escuchadas las declaraciones previstas para la sesión de hoy–, el juicio del caso Palau abre una serie de grandes interrogantes sobre la escena política catalana, ya sacudida por el caso del 3% con origen en el juzgado de El Vendrell. Estas dos causas están planteando dudas muy preocupantes sobre las cuentas de CDC y sobre la conducta de quienes fueron y en algún caso siguen siendo sus dirigentes. Las suficientes, al menos, para que desde las instancias más jóvenes de la dirección del PDECat se estén marcando distancias con CDC, el partido cuya herencia más oscura se resisten a aceptar.